Del Altiplano a Molino de Flores Miguel Angel Granados Chapa / PLAZA PÚBLICA

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Contra toda regulación carcelaria, tres presos por delitos del fuero común, no considerados formalmente como reos de gran peligrosidad, purgan bárbaras sentencias en un penal federal de alta seguridad. Las condiciones que privan allí, aplicadas a personas de su condición, refuerzan hasta extremos aberrantes la severidad de las condenas que se les impusieron, de suyo desproporcionadas a la naturaleza de los hechos que se les imputan.

Se trata de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, recluidos desde hace tres años –se cumplen el 3 de mayo– en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano. Erigida en el municipio de Almoloya de Juárez, conurbado a Toluca, esa cárcel fue conocida por el nombre de su ubicación geográfica. Como con razón los lugareños se ofendían ante la identificación de su ciudad con la descomunal prisión allí levantada (vecina, por lo demás de la cárcel estatal), se le puso por nombre La Palma. Y luego, como si fuera parte de una reforma penitenciaria que tanta falta hace y se ha limitado a la nomenclatura, se le bautizó como del Altiplano.

Del Valle, Álvarez y Galindo fueron capturados junto con cientos de sus compañeros, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, dentro de la descomunal represión que practicaron el 3 y 4 de mayo la policía federal preventiva, la estatal mexiquense y la municipal de Texcoco. A los tres se les detuvo no por los enfrentamientos y ataques de esas fechas sino por acciones precedentes, ocurridas en febrero y en abril. En realidad, su aprehensión pareció ser un acto de venganza diferida, por el papel que les correspondió al evitar ser despojados de sus tierras para construir un aeropuerto, mediante una poderosa movilización que blandió machetes sin dejarlos caer sobre ninguna persona, pues no se trataba de armas sino de instrumentos de trabajo convertidos en símbolos. Formalmente, se les acusó de retener, en dos momentos y por causas diferentes, a funcionarios del gobierno mexiquense, a fin de presionarlos a actuar en determinado sentido.

Incurrieron en conductas injustificables, por más que la negligencia, el dolo o el desdén de los funcionarios inclinen a los afectados a medidas de fuerza sin las cuales sus demandas no tendrían respuesta pues, como se dice en los pueblos, parecería que la gente del gobierno es “hija de la mala vida”, que sólo entiende y actúa bajo presión. Se trata, repito, de conductas injustificables, pero de ninguna manera equiparables a un secuestro, que implica el propósito de obtener una ganancia ilegítima negociando la libertad de una persona indebidamente privada de ella. Como si no hubiera una enorme distancia entre una actividad mercenaria y una desaprensiva acción ciudadana, en la legislación penal mexiquense se ha establecido una equiparación de esas conductas, y por secuestro equiparado Del Valle, Álvarez y Galindo están sentenciados a 67 años y medio de prisión. Al primero de ellos, por si fuera poco, se le ha asestado una condena adicional por 45 años, con lo que deberá permanecer encarcelado más de un siglo.

Adicionalmente, se les ha recluido ilegalmente en un penal destinado a alojar a reos muy peligrosos, como homicidas, secuestradores, narcotraficantes, a los que se somete a un régimen carcelario de extraordinario rigor, justificado desde el parecer oficial por la necesidad de que no se relaje la disciplina ni se obtengan beneficios como los que son práctica común en otras prisiones, en que los pudientes alivian con dinero y fuerza la severidad de su condena y llegan hasta a conocer la comodidad, amén de que continúan cometiendo delitos desde su encierro. En cambio, a presos políticos como Del Valle, Álvarez y Galindo, como antes ocurrió con los hermanos Antonio, Héctor y Alejandro Cerezo, someterlos a ese cautiverio supone un castigo adicional, ya que las penas que se les han fijado pueden ser purgadas en prisiones de otra categoría. Nueve de sus compañeros presos tras la represión de mayo de 2006 se hallan en un reclusorio en Molino de Flores, cercano a Atenco, a sus domicilios, tal como prescriben las normas nacionales e internacionales. Ese debe ser el destino de los tres secuestrados en el Altiplano.

Para enfrentar la indebida aplicación de la ley contra esas doce personas –los tres del Altiplano, los nueve del Molino de Flores– un grupo de activistas en que hay una presencia notable de artistas renombrados, así como emblemáticos defensores de derechos humanos, ha emprendido una campaña titulada Justicia y libertad para Atenco. Su propósito es que se aplique adecuadamente el derecho y como consecuencia queden libres todos ellos, injustamente presos, presos políticos en consecuencia. Pero una meta más inmediata es el traslado de Del Valle, Álvarez y Galindo de la prisión federal de alta seguridad en que se encuentran a otro centro de reclusión.

Para hacerles saber ese objetivo, y expresarles directamente su solidaridad, tres promotores de esa campaña, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, don Samuel Ruiz, su antiguo coadjutor y ahora obispo de Saltillo, don Raúl Vera, y el dominico Miguel Concha pudieron el martes pasado entrevistarse con los agraviados. Tuvieron unos y otros que librar tantos obstáculos para el encuentro, que con triste ironía uno de los visitantes pudo reflexionar que es más fácil salir que entrar a un penal de esa categoría., Por lo menos lo fue para Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que huyó de Puente Grande.

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