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Amnistía Internacional recibe con satisfacción la liberación del activista indígena Maximino García

Miércoles 21 de marzo de 2012, por Comité Cerezo México

“Las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de garantizar que todas las personas que defienden los derechos humanos en Guerrero puedan realizar sus actividades sin temor a represalias, incluyendo bajo la forma de persecución judicial infundada o por ataques y amenazas.”

El día de ayer, martes 20 de marzo, fue liberado del penal de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, el activista Maximino García Catarino.

Maximino García, defensor de derechos de los pueblos indígenas y líder de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), había sido detenido injustamente desde el 21 de enero pasado, acusado del homicidio de Juan Teodoro García en febrero de 2011.

“La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero de ordenar la liberación de Maximino García es un reconocimiento de su injusta detención,” dijo Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.

“Las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de garantizar que todas las personas que defienden los derechos humanos en Guerrero puedan realizar sus actividades sin temor a represalias, incluyendo bajo la forma de persecución judicial infundada o por ataques y amenazas.”

Amnistía Internacional (AI) además pidió a las autoridades que garanticen la seguridad de Maximino García, quien se encuentra en situación de riesgo inminente de represalias por parte de quienes realizaron las falsas acusaciones en su contra. El Estado también tiene la obligación de garantizar la protección a los miembros de la familia de Maximino García y de los demás miembros de OFPM, según sus deseos y de cancelar las órdenes de aprehensión contra los otros cinco miembros del OFPM que fueron parte de la misma causa penal que Maximino García.

La organización de derechos humanos también urgió a las autoridades a que realicen una investigación imparcial y eficaz del homicidio de Juan Teodoro García para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los verdaderos responsables y establecer si las acusaciones falsas constituyen delitos.

“La revisión del caso por el Tribunal Superior no debe ser el final del proceso: los policías, el ministerio público y los funcionarios judiciales implicados en la detención de Maximino García deben rendir cuentas por las acciones que han resultado en este proceso irregular e infundado.” dijo Rupert Knox. “Es esencial acabar con la impunidad de los funcionarios que se prestan al mal uso del sistema de justicia para perseguir activistas y defensores de derechos humanos en Guerrero.”

Representantes de Amnistía Internacional visitaron a Maximino García en el penal de Ayutla en las horas antes de su liberación. Los delegados de la organización presenciaron la liberación junto con abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montana “Tlachinollan”, quienes representan a Maximino.

Durante su investigación del caso, Amnistía Internacional pudo confirmar la falta de imparcialidad con la que se llevó a cabo el proceso judicial y la evidencia de que el cargo contra Maximino se debió a una represalia contra activistas del OFPM por sus esfuerzos para reivindicar los derechos de su comunidad y de denunciar violaciones de derechos humanos.

Amnistía internacional considera que , durante el tiempo que duro su detención Maximino fue un preso de conciencia. De ser detenidos los otros cinco miembros de la OPFM en la misma causa penal, también serán considerados prisioneros de conciencia por la organización.


Antecedentes

Amnistía Internacional ha documentado otros casos de activistas indígenas de Ayutla de los Libres que se enfrentan a períodos prolongados de prisión a causa de cargos penales falsos y de la negación de un juicio justo.

En 2008 AI declaró prisioneros de conciencia a cinco activistas indígenas de la misma región que formaban parte de Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) quienes fueron liberados entre 2009 y 2010, siendo el último Raúl Hernández.

En febrero 2008, los líderes de la OFPM Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron asesinados. Los responsables de este crimen todavía no han sido llevados a la justicia.


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