Sigue impune desaparición de Minerva Pérez Torres

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El 20 de marzo de 2013, en el 147 periodo de sesiones de la CIDH, se emitió el informe de admisibilidad indicando que el Estado mexicano es presunto responsable de violaciones a los Derechos Humanos (Caso 12.901).

Ayer se cumplieron 17 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres, indígena chol del municipio de Tila, en el estado de Chiapas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) informó en un comunicado que el gobierno mexicano sigue sin tomar cartas en el asunto, razón por la cual familiares de Minerva y de otras ocho víctimas de desaparición hicieron hace nueve años una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que apenas tuvo respuesta en marzo pasado y en la que se responsabilizó al Estado mexicano de los hechos.

La desaparición de Minerva está enmarcada en la estrategia de contrainsurgencia que realizó el Estado mexicano ante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otros grupos indígenas organizados en 1994, explicó, el CDHFBC.

A pesar de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que suponían el respeto a los derechos y culturas indígenas en México, grupos paramilitares como “Máscara roja”, “Los Chinchulines”, “Movimiento Indígena Antizapatista”, y “Paz y Justicia”, ejercieron ataques violentos contra la población indígena sin filiación partidista o afines al zapatismo.

En el boletín 9 del CDHFB se indica que el Estado niega la existencia de las organizaciones paramilitares, pese a que el informe “Grupos subversivos y delictivos con presencia en Chiapas”, elaborado por la Secretaría de Gobierno de Chiapas con fecha 27 de mayo de 2009, describe al grupo “Paz y Justicia” y su financiamiento con recursos de las secretarías del Campo y de Desarrollo Social del estado.

“Paz y Justicia” (el cual opera en los municipios de Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Palenque) es responsable –a decir del CDHFB– de la retención de Minerva el 20 de junio de 1996, cuando iba camino a casa de su padre, en la comunidad de Masojá Shucjá.

La joven, de entonces 19 años, fue golpeada y violada sexualmente por sus captores durante tres días, según información con la que cuenta el CDHFBC.

Entre 1995 y 2000 el Centro de Derechos documentó 122 casos de desapariciones forzadas, de éstas, ocho conforman la petición que se hizo contra el Estado mexicano ante la CIDH en 2004.

La petición informa de 32 desapariciones forzadas de hombres y cinco de mujeres, así como la ejecución de 78 hombres y siete mujeres.

El 20 de marzo de 2013, en el 147 periodo de sesiones de la CIDH, se emitió el informe de admisibilidad indicando que el Estado mexicano es presunto responsable de violaciones a los Derechos Humanos (Caso 12.901).

El informe indica que en el caso de Minerva se violó “el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida a la integridad personal y la protección a la honra y dignidad”, tal como lo marca la CIDH; los artículos primero, sexto y octavo de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y el artículo séptimo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará).

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