Cumple un mes sin aclararse el asesinato de Hernández Cardona y dos dirigentes de UP

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En la denuncia, interpuesta ante el Ministerio Público el 28 de mayo, Hernández Cardona dejó de manifiesto que el alcalde en forma molesta le dijo en una reunión que tuvieron el 1 de abril, en la sala de Cabildo del Palacio Municipal: “Estás loco y pendejo, ahora nomás falta que te andemos cuidando para que no te maten, con tantos problemas que tienes, cabrón”.

Redacción

A un mes de que fueron levantados los líderes de la Unidad Popular (UP) después haber protestado en contra de la administración municipal que encabeza el alcalde perredista, José Luis Abarca Velázquez, y de exigir una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Arturo Hernández Cardona, el dirigente más visible de UP, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas, los tres asesinados días después de que fueron raptados junto con Efraín Amates, Gregorio Dante Cervantes, Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza, aproximadamente una hora después de que protestaron en la caseta de cobro de Iguala, para exigir al gobierno de José Luis Abarca dotaciones de fertilizante, así como la implementación de obras públicas para colonias irregulares de Iguala, la tercera ciudad más importante de Guerrero.

A un mes de los hechos, la Procuraduría estatal no ha dado resultados de las investigaciones.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha ejercido su facultad de atraer las investigaciones.

El Congreso local en su sesión del miércoles 5 de junio aprobó un exhorto para que el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador ordenaran a la autoridades investigar y esclarecer los asesinatos, que dieran protección a los que lograron escapar y que la PGR atrajera el caso.

Un día después el gobernador Aguirre Rivero se reunió con familiares de los asesinados y ofreció que pediría a la PGR que atrajera la investigación y que incluso ya se había comunicado con el procurador Jesús Murillo Karam.

En la ciudad de México el 10 de junio el gobernador se reunió con los familiares de las víctimas con Padierna, Bejarano y un funcionario de la PGR.

El miércoles 12 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la PGR que ejerza su “facultad de atracción” de las investigaciones del asesinato de los tres activistas. Un día después Aguirre dijo que la PGR aun no decidía si atraía el asesinato de los tres integrantes de UP.

Además, esta ha sido una de las demandas centrales de un sector del PRD –partido en el que militaba Hernández Cardona– encabezado por liderazgos nacionales de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) de la senadora Dolores Padierna y su pareja René Bejarano.

La desaparición de prácticamente toda la dirigencia de UP se inscribe en el contexto de una crisis generalizada de inseguridad que azota la región Norte de Guerrero, así como de inestabilidad política en Iguala, que se agudizó con el comienzo del nuevo gobierno municipal, pero que se venía arrastrando desde que la ciudad era gobernada por el priista Raúl Tovar Tavera.

El pasado 30 de mayo, después de una serie de fallidas mesas de negociación entre funcionarios del gobierno de Abarca con integrantes de UP, esta coalición de organizaciones decidió protestar por las principales calles de la ciudad, y después cambiar su ruta de marcha hacia la caseta de cobro.

Los activistas, encabezados por Hernández Cardona, llegaron a las oficinas de Caminos y Puentes Federales, alrededor de las 12 de la tarde, y ahí dieron pase libre a los automovilistas, aunque cerca de las 2 de la tarde comenzaron a cobrar alrededor de 20 pesos a los usuarios.

La reunión con un enviado del gobernador un día antes de la desaparición

Una noche antes, Hernández Cardona se había reunido con el coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno, Saúl López Sollano, y el alcalde en el Palacio Municipal, a fin de negociar el cese a las protestas anunciadas por la UP.

La reunión a la que en funcionario estatal asistió como representante del gobernador, concluyó sin acuerdos ya que López Sollano “se puso del lado” del alcalde de Iguala.

Lo anterior lo denunció en entrevista colectiva con reporteros de medios locales durante las protestas, el propio Hernández Cardona. Esa fue su última entrevista, ya que dos horas después fue desaparecido.

Dos días antes Hernández Cardona y otros integrantes de UP interpusieron una denuncia de hechos ante el Ministerio Público (MP), con sede en Iguala, en la que daban cuenta de una serie de supuestas acciones de intimidación y hostigamiento ordenadas por el alcalde perredista.

En la denuncia, cuya copia tiene El Sur, el dirigente popular expresó su temor de ser privado de la vida, y expuso su opinión de que el asesinato del síndico Justino Carvajal, ocurrido el 8 de marzo en el centro de Iguala, pudo haber sido ordenado por un político con poder.

En la denuncia, interpuesta ante el Ministerio Público el 28 de mayo, Hernández Cardona dejó de manifiesto que el alcalde en forma molesta le dijo en una reunión que tuvieron el 1 de abril, en la sala de Cabildo del Palacio Municipal: “Estás loco y pendejo, ahora nomás falta que te andemos cuidando para que no te maten, con tantos problemas que tienes, cabrón”.

Pero durante la última protesta que encabezó Hernández Cardona, con los otros seis integrantes de la coalición de organizaciones que fueron raptados, luego que se supo que Jimmy Castrejón logró huir de sus captores, también ocurrió una discusión con el inspector del Sector Caminos de la Policía Federal (PF), Alberto Castillo.

Adscrito a la Comisaría de Iguala de la PF, Castillo exigió de forma autoritaria a Hernández Cardona la disolución de la protesta, a pesar de que no se estaba obstaculizando la circulación de los automovilistas.

Sin embargo, las protestas concluyeron después de que el delgado de la Secretaría de Gobierno, Octaviano Gervacio, estableció comunicación con el director de Gobernación, Moisés Alcaraz, y se pactó una reunión con el gobernador, misma que les había sido cancelada desde febrero por influencias del entonces titular Humberto Salgado Gómez.

El 30 de mayo se perdió contacto entre las 4:30 y 5 de la tarde

Los familiares y conocidos de los ocho activistas perdieron contacto con ellos entre las 4:30 y 5 de la tarde de ese jueves 30 de mayo.

La camioneta Honda Pilot en que solía desplazarse Hernández Cardona, fue localizada un día después a unos 24 kilómetros de la caseta donde habían protestado.

El vehículo blanco tenía un espejo lateral roto y estaba en un deshuesadero cercano a la comunidad de Metlapa, que colinda con el municipio de Cocula.

Distintas versiones apuntan a que Hernández Cardona y los demás activistas habrían sido interceptados en algún punto del Periférico, una de las principales vías de Iguala, que rodea prácticamente toda la ciudad.

Los cuerpos de Hernández Cardona, Ángel Román y Rafael Banderas fueron localizados el lunes 3 de junio, sobre la carretera Iguala-Chilpancingo en la colonia Valerio Trujano, perteneciente al municipio de Tepecoacuilco.

Fueron abandonados junto a una cartulina, con un mensaje firmado supuestamente por el grupo de la delincuencia organizada Los Rojos.

Sin embargo, Héctor Arroyo y otros tres de los sobrevivientes lograron escapar de sus captores, pero dijeron que no sabían nada de Jimmy Castrejón. Bertoldo Martínez informó el 4 de julio que Jimmy Castrejón no estuvo entre los levantados sino que logró escapar el mismo día que sus compañeros fueron capturados pero por miedo no lo informaba.

Tras el asesinato de los activistas, la crisis política en Iguala se agudizó después de que el Palacio Municipal fue tomado por integrantes de UP, ahora liderados por Rafael Ochoa y Justino Amós Osores Narciso.

El Ayuntamiento estuvo tomado una semana, hasta que debido a amenazas fue entregado el 10 de junio. No obstante, deliberadamente se mantuvo cerrado una semana más, mientras los conflictos en el municipio salían del foco de los medios nacionales y estatales.

Después de una reunión que tuvo la pareja de Hernández Cardona, la regidora Sofía Mendoza Martínez; así como otros dirigentes de UP, se acordó una serie de medidas de protección para los integrantes de la coalición de organizaciones.

Por un tiempo se le otorgó a Rafael Ochoa una escolta personal, con miembros de la Policía Estatal, misma que le fue retirada desde hace algunos días, según mencionaron fuentes de UP, quienes solicitaron que se mantuvieran sus nombres bajo reserva.

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