Retrasa injustificadamente ejecutivo estatal el traslado a Guerrero del defensor comunitario Marco Antonio Suástegui

• Persiste la violación a los derechos humanos del defensor comunitario en tanto no se acate la resolución que le ampara
• Evidencia dolo y uso faccioso de la ley la interposición fuera de tiempo del recurso de revisión.
• El Ejecutivo estatal se puede desistir del recurso de revisión y facilitar el trasladado del defensor comunitario

Chilpancingo, Guerrero, 12 de marzo de 2015.- La interposición de un recurso de revisión extemporáneo por parte del Director General de Reinserción Social en el Estado de Guerrero, a la resolución emitida por la Juez 3º de Distrito de Acapulco, en la que concede el amparo a Marco Antonio Suástegui Muñoz, a efecto de que el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP) sea trasladado de inmediato al penal de la Unión en Guerrero, denota la clara falta de voluntad política y el uso arbitrario del sistema jurídico por parte del Gobierno del estado de Guerrero, con el único objetivo de continuar la criminalización a las personas defensoras de derechos humanos.

El pasado 26 de enero del año en curso, la Juez Tercero de Distrito en el estado, resolvió el amparo interpuesto por la defensa de Marco Antonio Suástegui Muñoz, declarando la inconstitucionalidad e ilegalidad de su traslado al Penal de Máxima Seguridad de Tepic, Nayarit. La Juez de Distrito en su resolución estableció que las autoridades penitenciarias no justificaron las razones particulares que motivaron la decisión de trasladarlo al penal de máxima seguridad, lo que implicó una violación a sus garantías de legalidad, razón por la cual ordena al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Guerrero que de inmediato sea reingresado al penal de Guerrero arriba mencionado, como una forma de restituirle sus derechos que le fueron violados.

Sin embargo, el pasado 27 de febrero, el Director General de Reinserción Social, presentó un recurso de revisión extemporáneo contra la resolución de amparo emitida por la Jueza Tercero de Distrito, Lilia Maribel Maya Delgadillo. Dicho recurso de revisión fue interpuesto fuera del término legal, con el objetivo de interrumpir el traslado de Marco Antonio a Guerrero. Con esta actuación queda en evidencia el dolo por parte del gobierno del estado; lo que contrasta con el discurso público del titular del Ejecutivo Estatal al reunirse con integrantes del CECOP en los bienes comunales de Cacahuatepec, el pasado 3 de marzo del 2015.

En ese marco, el pasado 9 del marzo el Primer Tribunal Colegiado admitió el recurso de revisión interpuesto por el Director General de Reinserción Social en el Estado de Guerrero, José Jorge García Rivera, el cuál es totalmente improcedente porque fue interpuesto fuera del término legal, por lo tanto dicho recurso de revisión debe ser desechado y confirmada la resolución de amparo emitida por la Jueza Tercera de Distrito.

Así, el Tribunal Colegiado está frente a un momento clave para mostrar su compromiso con la legalidad para restituir las garantías a los derechos humanos del defensor, demostrar su compromiso con la vigencia de los derechos humanos y condenar el uso del sistema penitenciario con fines políticos tan recurrente en nuestro estado.

Cabe recordar que Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del CECOP, fue detenido el 17 de junio de 2014 en Acapulco, Guerrero y trasladado de manera ilegal al Ceferso de Nayarit a raíz de un expediente fabricado en su contra. El proceso penal iniciado contra Suástegui Muñoz deriva de su lucha incansable por la defensa del Río Papagayo frente a la imposición del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, proyecto económica, social y ambientalmente inviable y se suma a la innumerable cantidad de caso de criminalización en el estado.

Ahora, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa del vigésimo primer circuito deben confirmar la resolución que ampara a Marco Antonio Suástegui Muñoz y restituir las garantías a los derechos humanos del defensor comunitario, violentadas con su trasladado de manera ilegal al Centro Federal de Reinserción Social, Número cuatro “NOROESTE” del estado de Nayarit.

Por su parte, para demostrar su verdadera voluntad de cumplir con los acuerdos firmados en su visita de marzo al CECOP, el gobierno del estado debe de explorar todas las instrucciones ejecutivas que puede emitir para acelerar y concretar por su parte el traslado inminente de Marco Antonio al estado de Guerrero.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan