Emplaza CIDH a gobierno a informar sobre masacre en El Charco, Guerrero

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Gloria Leticia Díaz
26 de mayo de 2015
Nacional
La comunidad de El Charco, en Ayutla, Guerrero. Foto: Prometeo Lucero
La comunidad de El Charco, en Ayutla, Guerrero.
Foto: Prometeo Lucero

MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al gobierno de Enrique Peña Nieto a informar sobre la masacre de El Charco, Guerrero, ocurrida hace 17 años y atribuida a efectivos del Ejército Mexicano desplegados en esa entidad.

El caso fue ingresado en julio de 2012 por 22 sobrevivientes, entre ellos Ericka Zamora Pardo, así como deudos de 10 indígenas y el estudiante universitario Ricardo Zavala Tapia.

El pasado viernes 22, los peticionarios representados por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC (RSDCIAC), que preside el obispo Raúl Vera, fueron notificados de que la CIDH solicitó información al gobierno mexicano sobre el caso, que sería “el primero litigado en el Sistema Interamericano sobre una masacre atribuida al Ejército”, según Zamora Pardo.

Iniciado el litigio, Erika –quien fue víctima de tortura por parte de militares y estuvo presa durante cuatro años en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco– adelantó que su pretensión es “llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). No aceptaremos una solución amistosa con el Estado mexicano, porque vemos que no están dispuestos a cambiar de forma voluntaria su política a favor de los derechos humanos. Queremos que los responsables sean castigados”.

En conferencia de prensa, Zamora Pardo e integrantes de la organización social recordaron que la madrugada del 7 de junio de 1998, tropas del Ejército Mexicano bajo el mando de los comandantes de la IX Región Militar y la 27 Zona Militar, Luis Humberto López Portillo Leal y Juan Alfredo Oropeza Garnica, respectivamente, incursionaron en la comunidad de El Charco, Ayutla de los Libres, y atacaron a indígenas y estudiantes que pernoctaban en la escuela primaria Caritino Maldonado.

El ataque dejó un saldo de 11 muertos y 22 detenidos, entre ellos cuatro menores de edad, además de Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, ambos universitarios. A todos se les acusó de terrorismo, conspiración para la invitación a la rebelión, asociación delictuosa, acopio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, cargos que después de cuatro años de proceso judicial se desvanecieron, hasta que las víctimas fueron absueltas.

Erika Zamora, a quien se le relacionó con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), sostuvo que durante el proceso y el careo con militares, “denunciamos las ejecuciones extrajudiciales y las torturas de que fuimos víctimas, pero nunca se abrió una averiguación previa, a pesar de que personalmente presenté una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Nunca fui notificada de que se realizara una investigación”.

La sobreviviente resaltó que “ni siquiera la CNDH en su recomendación (20/2000) toca a los militares, deja todo en un asunto de fallas administrativas, por lo que nadie fue castigado por la ejecuciones o la torturas”.

Zamora Pardo reconoció que debido a que el “Ejército ha sido una institución intocable durante muchos años, es que nos tardamos tantos años en presentar una denuncia ante la CIDH”.

Y agregó que con un ambiente más favorable hacia los derechos humanos, “los sobrevivientes y las viudas de los ejecutados decidimos iniciar el proceso, no en un afán de venganza, sino en busca de justicia. Queremos que los responsables de estos hechos sean castigados y dejar un precedente para otros casos recientes en los que los militares o fuerzas policiacas han intervenido, como en Tlatlaya y en Michoacán”.

Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la RSDCIAC, destacó que la petición de intervención de la CIDH en el caso El Charco ha recibido el respaldo de parlamentarios europeos y organizaciones internacionales como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), y recientemente recibieron una carta de apoyo de Bianca Jagger.

Aunque en el litigio del caso la RSDCIAC asumirá toda la carga, apuntó, “esperamos reunir en el camino apoyo de otras organizaciones por la relevancia del caso. Creemos que puede ayudar a impulsar en el sistema interamericano otros casos de ejecuciones extrajudiciales, que desgraciadamente siguen ocurriendo en México”.

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