“La sentencia a Luis Fernando Sotelo es un manejo jurídico-político para castigar la disidencia social”

1 octubre, 2016 José Luis Ramos

(01 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO). – El martes 20 de septiembre, después haber pasado 1 año 9 meses en prisión, le dictaron sentencia a Luis Fernando Sotelo Zambrano por los delitos de ataques a las vías de comunicación, ataques a la paz pública y daño calificado. Se le imputó una pena de 33 años y 5 meses de prisión, además de diversas multas que juntas ascienden a casi 8 millones de pesos: multa por cargos de 519 mil 815 pesos, más 5 millones 461 mil 559 pesos por los daños a la estación y 2 millones 566 mil 219 pesos por la unidad del Metrobús.

El 5 de noviembre de 2014, en el marco de la tercera jornada de Acción Global por Ayotzinapa, fueron detenidos Luis Fernando Sotelo Zambrano y Sergio Pérez Landero dentro de Ciudad Universitaria (CU), acusados de incendiar una unidad y una estación de Metrobús en CU. De acuerdo al expediente 246/2014 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) la unidad de Metrobús con número 323, circulaba por Insurgentes Sur cerca de las 18:40 horas, cuando alrededor de veinte personas encapuchadas lo abordaron e indicaron al chofer y a los pasajeros que descendieran; el conductor declaró que mientras desalojaba la unidad vio a Luis Fernando y a Sergio Pérez prender fuego al camión y a la estación del Metrobús.

El 6 de noviembre se comprobó que Sergio Pérez Landeros, quien entonces era estudiante del doctorado de Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue liberado luego que se determinara que se encontraba en clase al momento del ataque contra la unidad de la Línea 1. Lo anterior desacreditó la versión del chofer; sin embargo, Luis Fernando, fue consignado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó lesiones provocadas a Luis Fernando, quién fue golpeado por la policía cuando al momento de ser trasladado en un automóvil particular, del Ministerio Público 1 de Coyoacán al Reclusorio Sur. Esta acción infringió el plazo legal de 48 horas, además de que se realizó sin informar a los abogados; cabe mencionar que fue presentado alrededor de las 11 de la noche en el reclusorio, casi 4 horas después de que se lo llevaron del ministerio público.

Desde entonces la familia Luis Fernando inició una lucha por darle un perfil humano que desmintiera la cara de vándalo que le atribuían las autoridades, tal como documentó Revolución TRESPUNTOCERO en 2014.

En el momento de su detención Luis Fernando era alumno de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6 de la UNAM. No obstante, no era alumno de tiempo completo, por razones económicas. Asimismo, se desenvolvía como integrante del Colectivo Ollin Meztli y de la Cooperativa ik’ otik; adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Cabe destacar, que el delito ataques a la paz pública, fue declarado inconstitucional desde febrero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entonces los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío y Norma Lucía Piña Hernández, aseguraron que el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal era inconstitucional. En el contexto en el que se otorgó un amparo para Bryan Reyes Rodríguez -quien fuera levantado mientras salía a comprar pizza- acusado por los disturbios del 1 de diciembre de 2012.

En una entrevista publicada por el diario El País, Luis Fernando comentó que estaba en el momento y en el lugar equivocado, además indicó que fue detenido por su apariencia, “creo que me detuvieron por mi apariencia. Estaba con una moda punki: pelo angosto, la cresta, pintado de verde, vestido de negro, entonces ahí estaba, con el perfil de los que buscaba la policía” expresó al diario español.

El proceso en contra de Luis Fernando se basa únicamente en la declaración del chofer del Metrobús; diversos activistas en pro de los derechos humanos han mencionado que con estas detenciones el gobierno da cuenta la represión y criminalización de la protesta que ejerce.

El defensor de los derechos humanos Francisco Cerezo Contreras, comentó a Revolución TRESPUNTOCERO sobre el caso de Luis Fernando.

“Evidentemente es un manejo jurídico político, para castigar la disidencia social; cuando él fue detenido, el refiere que iba caminando y ahí llegaron y lo detuvieron caminando dentro de la universidad, no fuera, en el Metrobús, porque sin haber elementos suficientes fue sentenciado, esto, más las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el penal en contra de él” expuso.

Por otra parte, dijo que aún quedan recursos para la defensa, “todavía falta la apelación y el amparo directo, también está la otra vía, que es a través de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está impulsando la ley de amnistía para que todos aquellos que fueron acusados por delitos relacionados con manifestaciones públicas del 2013 al 2015, puedan obtener su libertad” puntualizó.

Añadió que su detención es una medida ejemplar “es un preso por motivos políticos y es un preso de conciencia, es poner un ejemplo de que a cualquier anarquista que sea detenido cerca de una situación de manifestación va a ser castigado de esta manera” sentenció Cerezo.

Las principales violaciones a los derechos humanos en el caso de Luis Fernando se pueden enumerar su detención arbitraria, que, como refiere Francisco “es la fundamental, e incluso es la que debería de dar pie a la libertad”; por otro lado, la negativa a tener un juicio justo y a una defensa adecuada.

El Juez 32 Penal del Reclusorio Sur, halló culpable a Luis Fernando, a pesar de la falta de pruebas en su contra, en tanto, desde este 28 de septiembre Luis Fernando, ha iniciado una huelga de hambre para exigir su libertad.