Exigen acabar con detenciones arbitrarias

Para poner fin al fenómeno de la detención arbitraria en México es necesario sancionar penal, civil y administrativamente a los responsables que son parte de los sistemas de seguridad y procuración de justicia, advierten organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales.

A través del informe “Detenciones arbitraria e ilegal. Criminalización: una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos Humanos en México”, el cual fue realizado por 11 organizaciones como Front Line Defenders, Artículo 19 y Serapaz, se exhibe la necesidad de reformas profundas y cambios tanto al sistema de impartición de justicia, como en las prácticas institucionalizadas de violencia en contra de los que alzan voz para denunciar injusticias.

El documento estudia cinco casos que han sido declarados por Comités de la ONU como detenciones arbitrarias. Se trata de Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña, Librado Baños Rodríguez, Pedro Canché Herrera y Nestora Salgado García.

A través de este análisis, el conjunto de organismos no gubernamentales concluye que “es evidente la política de Estado que busca criminalizar e inhibir la defensa de derechos humanos”.

La coordinadora de Protección para América Latina de Front Line Defenders, Ivi Oliveira, afirmó que el Estado Mexicano omite cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en particular, los relativos a las recomendaciones de liberar a tres de las cinco personas que ilustran esta situación en el país.

En virtud de lo anterior, las organizaciones demandan liberar de forma inmediata a Damián Gallardo Martínez, Librado Baños Rodríguez y Enrique Guerrero Aviña.

Asimismo, sugieren a las autoridades nacionales diseñar e implementar planes integrales de reparación del daño material y moral sufrido, así como medidas de no repetición. A su vez recomiendan diseñar dentro del Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos un procedimiento apropiado para atender el fenómeno de la criminalización y abuso de poder como método de silenciamiento.

ana.langner@eleconomista.mx