El 17 de febrero de 1989, el gobierno de Mariano Piña Olaya ejecutó extrajudicialmente al luchador social Gumaro Amaro Ramírez

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H. Puebla de Zaragoza a 13 de febrero de 2017

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El 17 de febrero de 1989, como parte del terrorismo de Estado y siendo gobernador de Puebla Mariano Piña Olaya, se ejecutó extrajudicialmente con al menos 9 disparos al luchador social Gumaro Amaro Ramírez, de apenas 37 años de edad, frente a su domicilio ubicado en la colonia San Manuel.

Cabe destacar que nuestro compañero tuvo una sólida formación científica, artística, humanista y deportiva; como parte de ésta, estudió Antropología Social, Derecho, Economía y Artes Plásticas, y practicó futbol americano y natación. Esta formación estuvo siempre regida bajo principios ético-morales firmes que lo condujeron a desarrollar una consciencia de clase y a llevarla a la práctica de manera consecuente en la lucha por la liberación del pueblo.

Como parte de su práctica política, movilizó, politizó y organizó diversos sectores populares, al igual que desempeñó el cargo de consejero universitario independiente en la UAP. En los setentas, fue el principal dirigente del Consejo General Campesino (CGC), que llegó a movilizar a 20,000 campesinos de la comarca del riego de Valsequillo. En Tehuacán, consiguió el registro del Sindicato Único de Trabajadoras de la Industria de la Confección (SUTIC), e impulsó la organización en las granjas avícolas de la región. Formó la Unión de Trabajadores del Campo en la Sierra Norte del estado y asesoró a sus integrantes política y jurídicamente para que éstos lograran demandas tales como tarifas bajas del servicio de la energía eléctrica.

Hacia 1981, fundó la Unión por la Organización de los Estudiantes (UPOE), organización que defendió el derecho a la educación crítica, científica y popular, y que dio origen a diversas casas de estudiantes para que jóvenes de escasos recursos pudieran terminar sus estudios universitarios (de las cuales todas, salvo la Casa de Estudiantes “Emiliano Zapata”, fueron violentamente desalojadas en la década de los noventas por el Estado mexicano y la rectoría de la universidad). Asimismo, fundó la Unión de Ejidatarios y Colonos de Cholula, organización que dio vida a la colonia popular “2 de octubre”, y la Unión de Amas de Casa de Puebla, organización que llegó a aglutinar hasta 25,000 colonos, cuyas demandas comprenden la implementación de tarifas bajas para servicios básicos y la oferta de la canasta básica a un precio accesible.

La vida laboral del compañero en la UAP se desarrolló desde 1981 y hasta su ejecución extrajudicial; se desempeñó como técnico mimeografista en la Preparatoria “Benito Juárez”.

Su trabajo político-organizativo en el movimiento popular independiente trascendió a nivel nacional, lo que representó un inconveniente para el Estado, motivo por el cual el compañero vivió bajo constante represión. En 1988, como parte de una escalada represiva, el compañero fue detenido-desaparecido, torturado y amenazado de muerte en los sótanos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

La persistencia del compañero Gumaro Amaro en el trabajo político hizo evidente su convicción inquebrantable; de ahí, que el Estado tomara la medida extrema de su ejecución extrajudicial, mediante la cual se buscó desarticular y sembrar el terror en las organizaciones que el compañero impulsó y en todo el pueblo que se organizara.
Inmediatamente después de su ejecución, durante varios días, se realizaron acciones políticas de masas exigiendo el esclarecimiento y castigo a los culpables materiales e intelectuales del crimen de lesa humanidad cometido. Hasta el momento, continuamos exigiendo el esclarecimiento del caso, así como el juicio y castigo a los responsables, a lo cual el Estado se niega.

En 2012, organizaciones populares solicitamos al Congreso del Estado que coadyuvara para el juicio y castigo a los culpables de la ejecución extrajudicial de los compañeros Gumaro Amaro Ramírez y Fermín Mariano Matías (luchador social detenido-desaparecido y ejecutado extrajudicialmente en 2009); también se presentó en ese año una solicitud para la legislación de una Ley Contra la Desaparición Forzada. La negativa del Estado a cumplir estas solicitudes muestra que la justicia en estos casos afectaría intereses de sus integrantes.

La ejecución extrajudicial del compañero Gumaro Amaro no marcó el final de la represión contra su trabajo organizativo: nuestra familia ha recibido constantemente acoso de parte del Estado y del rapaz gobierno universitario que sucedió a Malpica Uribe. Especialmente yo, María de Lourdes Ayometzi Rojas, viuda del compañero Amaro Ramírez, he sido víctima de acoso por parte de las autoridades de nuestra máxima casa de estudios.

Tres meses después de la ejecución extrajudicial del compañero Gumaro, en un acto legítimo y legal, se me otorgó la plaza de técnico mimeografista que mi compañero tenía en la Preparatoria “Benito Juárez” y que me correspondía por derecho de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo de la UAP de ese entonces. Dado que el Contrato Colectivo establecía el derecho de jubilación tras laborar 25 años y que mi compañero comenzó en 1981, yo debí haberme jubilado desde 2006. En 1992, siendo rector de la BUAP José Doger Corte, como parte de una ola de represión política, me hostigaron y me obligaron a firmar mi renuncia (esto por una cuestión meramente política).

En 2001, como respuesta a una solicitud de trabajo que realicé en la BUAP, se me aceptó nuevamente; no obstante, se me asignó la categoría más baja del tabulador: Auxiliar de Servicios, cargo que desempeño en la Facultad de Economía; asimismo, la recontratación se realizó sin el reconocimiento de mi antigüedad laboral. Todas estas violaciones a mis derechos laborales fueron promovidas y auspiciadas por el rector en turno Enrique Doger Guerrero, como parte de la campaña represiva en contra de mi familia.

Desde 2014 se ha solicitado de manera constante a los miembros del H. Consejo Universitario de la BUAP que se pronuncien por el esclarecimiento de la ejecución extrajudicial del compañero universitario, luchador social y revolucionario Gumaro Amaro Ramírez, por el reconocimiento de mis derechos laborales y por la reparación de los daños causados por la rectoría de la universidad en contra de mi persona; sin embargo, existe una feroz resistencia a todo esto por parte de la administración central de la universidad, representada por el actual rector Alfonso Esparza Ortiz, guardián de los intereses de la burguesía en nuestra máxima casa de estudios. Lo anterior pone de manifiesto que el actual rector realiza un acto demagógico al anunciar que promueve el diálogo como camino a la justicia y a la pacificación.

Esto es una muestra clara de que el terrorismo de Estado es una política generalizada del Estado burgués contra las clases oprimidas con el objetivo principal de desarticular el movimiento popular mediante el terror y aniquilamiento de sus integrantes, el caso del compañero Gumaro Amaro Ramírez se suma a la larga lista de crímenes de lesa humanidad que laceran a nuestro pueblo.

FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE

Frente Nacional de lucha por el Socialismo
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