Realizan marcha en memoria de activistas asesinados y desaparecidos

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POR
RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL
Familiares, amigos, activistas y ex braceros realizaron esta mañana una marcha a la zona del Valle de Juárez, para recordar en sus tumbas a ocho activistas integrantes de la familia Reyes Salazar asesinados o desaparecidos por sicarios del 2008 al 2012 por su oposición a la militarización con el Operativo Coordinado Chihuahua.

La señora Sara Salazar viuda de Reyes, madre de al menos cinco de los activistas dijo que "fue el gobierno de Felipe Calderón el causante de tantas muertes, tantos destrozos, de tanta violencia en contra de su familia" y agregó que "se vio forzada, al igual que más de 30 integrantes a abandonar sus propiedades, casas muebles y negocios para solicitar asilo político en los Estados Unidos, luego de recibir constantes llamadas de amenazas, en donde le advertían que de no retirarse o detener las exigencias de justicia, le pasaría igual que sus hijos".

Informó que "del mismo teléfono de Elías, uno de sus hijos asesinado, recibía advertencias intimidatorias en el sentido de que sería asesinada si no se retiraba de la lucha en pro de justicia" y agregó que ellos viven ahora legalmente en Estados Unidos, luego de que se les acepta la solicitud de asilo.

Piden investigar," porque las autoridades no lo han hecho hasta hoy", como un posible móvil "la probable afectación de intereses a grandes empresarios o gente poderosa que planeaba realizar grandes inversiones en el Valle de Juárez por parte de la familia Reyes Salazar, como Josefina, activista asesinada al igual que varios miembros de su familia".

Informan que cada integrante de la familia es víctima de la Fiscalía, porque sus crímenes siguen impunes en el caso de Josefina, Rubén, María Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como de Luisa Órnelas de Reyes e Isela Hernández Lara, entre otros, y el resto debió desplazarse de su lugar de origen.

En 2012, la familia de Rubén Salazar, uno de los sobrevivientes, obtuvo asilo político en Estados Unidos. Las autoridades de ese país les dieron refugio como activistas y defensores de derechos humanos a quienes el gobierno mexicano no pudo proteger del miedo fundado de persecución.

La señora recordó que en el caso de su hija Josefina Reyes, previo a perder la vida, ella había encabezado una serie de marchas y movimientos contra la represión, violencia y violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales concentradas en Ciudad Juárez para combatir el crimen organizado.

También se manifestó en contra la militarización y la represión, lo que derivó en la privación de la libertad de uno de sus hijos y el asesinato de otro, el 16 de noviembre de 2008, año que inició el Operativo Conjunto Chihuahua.

Sobre Rubén Salazar, puntualiza que fue privado de la vida en el municipio de Guadalupe, Distrito Bravos, Valle de Juárez, y era parte de otra organización civil mencionada.

También informa que no se han cumplido las recomendaciones de la CNDH sobre este tema como son brindar asistencia médica, psicológica, social y material necesario a los familiares de las víctimas, otorgarles medidas de protección urgentes para los integrantes de la familia agraviada que residen en otra entidad federativa, que la Fiscalía realice las acciones necesarias para la integración y determinación de las carpetas correspondientes a cada homicidio.

Aparte que la Fiscalía colabore con la queja de la CNDH para determinar la responsabilidad de los servidores públicos que fueron omisos y negligentes en los casos, y que se colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos presentada por la CNDH contra los servidores públicos.

En la marcha caravana de este domingo participaron la Asamblea Popular Regional Paso del Norte, junto con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos, los ex braceros de Juárez, en apoyo y solidaridad con la familia Reyes Salazar, una de muchas víctimas de violencia generada en años pasados, anunció Judith Galarza, coordinadora del evento.

La marcha inició en la zona centro donde se encuentra el Monumento a Benito Juárez, y explicaron que se sienten ninguneados por la autoridad, de la cual esperan ayuda y protección en su marcha para el Valle zona considerada de alto peligro para los activistas.

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