A raíz de la defensa de los bosques en Guerrero, a activista le matan a su esposo y a sus dos hijos, luego pese a estar protegida por 25 agentes policíacos es ejecutada

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

(02 de diciembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 28 de noviembre de 2012, la señora Juventina Villa Mojica, quien era dirigente de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, en Guerrero, fue ejecutada habiendo sido testigo de la ejecución de su hijo Reynaldo.

Juventina enfrentó la muerte de su esposo Rubén Santana Alonso, de sus hijos Sergio, http://www.vientodelibertad.org/spip.php?article2018 y Reynaldo, entre febrero de 2011 y noviembre de 2012.

A partir de ahí, la persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y los pobladores de La Laguna se inició a raíz de la defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala en la región de Tierra Caliente.

De esa persecución resultaron tres personas desaparecidas, 27 personas ejecutadas y la comunidad de La Laguna se vio desplazada forzosamente en dos ocasiones perdiendo todo su patrimonio, de acuerdo el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”.

Otros casos contra la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPyCC)

En abril de 2011 y diciembre de 2012 se refugiaron en la comunidad serrana de Puerto de Las Ollas. Con apoyo del movimiento social y organizaciones de Derechos Humanos se logró que el gobierno del estado de Guerrero iniciara un proceso de reubicación para las familias, en La Unión, Tepango, municipio de Ayutla de Los Libres a 10 y a 7 familias respectivamente, y en La Tondonicua, municipio de Petatlán a 16 familias, algo que, hasta la fecha no ha concluido convirtiéndose este drama en una violación sistemática y continuada de los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, las 29 ejecuciones y las 3 desapariciones continúan en la impunidad, pues a pesar de haberse hecho varias denuncias, de señalarse perpetradores directos, solo se ha detenido a una persona por la ejecución de doña Juventina Villa y de las demás ejecuciones no se ha detenido ni sentenciado a nadie, se explica.

El desplazamiento forzado interno de los habitantes de la comunidad de La Laguna reubicados en 3 lugares, que viven en condiciones de alta marginación sin acceso pleno a servicios básicos como son salud, trabajo, tierras, educación, tiene como secuelas profundas afectaciones bio-psico-sociales, que no han sido atendidas integralmente.

“Los líderes sociales, principalmente los de Guerrero se han condenado a la muerte a la hora de defender sus derechos, porque allá sí asesinan a sangre fría, los sicarios hasta lo disfrutan y esto solamente es resultado de la impunidad y los nexos gobierno-autoridades de seguridad pública-grupos delincuenciales.

Se ayudan entre todos, para salvaguardar los intereses particulares o negociar con empresas transnacionales que apropiarse de manera ilegal pero con el respaldo del gobierno de las tierras de los campesinos e indígenas. Esto es solamente uno de los motivos por los cuales asesinaron a Juventina que no se cayó y que ante la muerte siguió y como fue imparable, por medio de la violencia la detuvieron”, señala a Revolución TRESPUNTOCERO, Patricia Lara, una víctima de desplazamiento forzado.

Patricia quien decidió salir junto con sus hijos de Guerrero por la violencia cotidiana que vive en la región señala que, “ejemplo de los nexos entre estos tres elementos es que Juventina tenía seguridad y aún así la mataron, en medio de una emboscada en la Sierra Madre del Sur.

Estando resguardada por aproximadamente 25 agentes de la Policía Preventiva Estatal (PPE) que estaban asignados a su seguridad, le pudieron disparar y después se desconoció el paradero de dichos agentes”.

A cinco años de las ejecuciones extrajudiciales de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa el Centro de Derechos Humanos exige el aun esperado castigo a los responsables de las ejecuciones.

Así como la reparación integral del daño: restitución; rehabilitación; indemnización por los daños; garantías de no-repetición y medidas de satisfacción para todas las familias de los desplazados forzosos internos, que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, del delito, del abuso del poder y de la omisión de las autoridades, se indica.

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