Piden organizaciones la libertad de los presos políticos en una conferencia con un comunitario Samuel Ramírez

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El Ejército detuvo al joven integrante de la CRAC para criminalizar a la Policía Comunitaria, señala Arturo Campos

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Promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), activistas y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa exigieron la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y que las autoridades dejen de criminalizar a los luchadores sociales.

En conferencia de prensa en la Normal Rural de Ayotzinapa el policía comunitario liberado ayer, Samuel Ramírez Gálvez, su madre, Beatriz Gálvez Macario, el promotor de la CRAC-PC que también estuvo en prisión, Arturo Campos Herrera, y la esposa del coordinador de la Policía Comunitaria de la base del Fortín de Tixtla, preso en la cárcel de Chilpancingo Gonzalo Molina González, Ausencia Honorato Vázquez declararon que seguirán activos en la lucha social en defensa de los derechos del pueblo.

Campos Herrera dijo que el Ejército detuvo a Ramírez Gálvez “para poder criminalizar a la Policía Comunitaria”, y que muchos luchadores sociales y activistas no acudieron a recibirlo al salir de la cárcel porque todo fue muy rápido.

“Queremos decirle al Estado que ya deje de criminalizar a nuestras organizaciones como la CRAC, que deje de criminalizar a los movimientos sociales que luchan por sus derechos, que deje de intimidar a nuestros compañeros y deje de meter más presos (políticos)”, como a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).

Criticó que “el Estado no ha atacado a la delincuencia organizada, la delincuencia que existe en el estado está aumentando cada día más, y a nuestras organizaciones que no somos delincuentes, que estamos defendiendo a nuestro pueblo, nos criminaliza”, y exigió respeto para las organizaciones y luchadores sociales.

Además dijo que en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el responsable es el gobierno, “está claro que el Ejército tuvo que ver, la Policía Federal y la Estatal también, los responsables deben ser castigados como (el ex gobernador) Ángel Aguirre Rivero”, por ello continuará la lucha por la presentación con vida de los jóvenes.

“Yo quería salir (de la cárcel) como absuelto, el gobierno no respeta la Ley 701 pero nosotros vamos a seguir luchando hasta sacar a nuestro compañero Gonzalo Molina, vamos a seguir”, insistió Ramírez Gálvez que fue liberado el martes en la tarde y recibido por vecinos de la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc. El policía comunitario habló un instante sólo para dejar claro que fue declarado culpable por un delito que no cometió. Su madre Beatriz Gálvez informó que no habla bien el español y los primeros días de prisión fueron muy duros para su hijo, pues no podía defenderse.

Beatriz Gálvez dijo que “el gobierno siempre reniega los derechos del pueblo, de los indígenas, de la gente humilde, de la gente que no tiene recursos, aquí el gobierno lo saca (a Samuel) culpable, él no es culpable, el arma que portaba no era de él, era de la comunidad y se le entregó para que resguardara a su gente pero lo detuvieron con esa arma”, que según las autoridades era de uso exclusivo del Ejército por lo que Ramírez Gálvez fue condenado a 4 años y 100 días encerrado en la cárcel de Chilpancingo.

Beatriz Gálvez es una mujer na’ savi de Zitlaltepec, Metlatónoc, al igual que sus cuatro hijos, Samuel es el menor y fue encarcelado cuando tenía 18 años, en la conferencia de prensa la señora denunció que su esposo Raúl Ramírez Onofre la responsabilizó de la situación y la abandonó pero en su comunidad, Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, fue acusada de haber desaparecido a su marido, de haberlo asesinado, por lo que en 2016 la encarcelaron 17 días.

“Yo sola con mis otros hijos venía (a Chilpancingo) cada dos, tres meses para verlo (a Samuel) hasta ahorita que sale y sale culpable, en mi caso con la desaparición de este señor (su esposo) me mandan al Ministerio Público pero nadie se encarga de buscarlo, me mandan a mí a buscarlo, yo sé que se fue para perjudicarme, por eso lo digo, para que cuando sea el momento pueda denunciar este caso porque es algo injusto como madre de familia, como mujer”, expuso.

Añadió que como policía comunitaria y coordinadora de la Casa de Justicia de su comunidad, y aunque el gobierno no reconozca la lucha social “no nos va a intimidar, no nos va a amedrentar, bien o mal nosotros vamos a seguir porque es para la defensa de los pueblos, no es para algo malo, aunque el gobierno no lo reconozca vamos a seguir firmes, en nuestro pueblo nadie nos va a defender, nadie nos va a cuidar más que nosotros”.

Honorato Vázquez pidió al gobierno que respete a la CRAC-PC y la Ley 701, “queremos exigirle al gobierno y decirle que vamos a seguir en la lucha hasta que todos nuestros compañeros todavía presos salgan libres como el caso de mi esposo Gonzalo Molina, a todos nuestros compañeros les violaron sus derechos humanos cuando el gobierno sabe que nuestra institución está reconocida”.

Señaló que aunque Ramírez Gálvez fue condenado “nosotros sabemos que todos nuestros compañeros no son culpables de nada, al contrario, han luchado por el bien de las comunidades, por el bien de las personas y el gobierno sabe que por eso estamos reconocidos”.

Un representante del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa pidió respeto a la CRAC y las organizaciones sociales, que se unen para buscar el bienestar para sus comunidades y la sociedad. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

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