Los presos del Cecop deberían ser liberados, pero los jueces se doblegan ante la Fiscalía: Tlachinollan

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 2%

Los detenidos, incluido el vocero Marco Antonio Suástegui, fueron vinculados a proceso mediante pruebas obtenidas de manera ilegal como la tortura, denuncia el abogado Vidulfo Rosales.

Chilpancingo, Guerrero, 9 de noviembre de 2018. El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que se teme que los jueces del sistema penal acusatorio se dobleguen ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para criminalizar a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).

De entrada, señaló que la juez de control del Distrito de Tabares, dictó el auto de vinculación (antes, auto de formal prisión), a partir de medios de prueba obtenidos por la Fiscalía violando derechos humanos de los detenidos, que en consecuencia son ilegales.

Adelantó que en los próximos días, aún no se establece fecha, será la audiencia intermedia, donde un juez de control y enjuiciamiento volverá a revisar las actuaciones, “hoy, la preocupación en Guerrero, es que los jueces del sistema penal están doblegándose ante la Fiscalía, y no son capaces de descartar las pruebas obtenidas de manera ilegal y bajo tortura”.

Lamentó que en el ejercicio del sistema penal, en lugar de corregir vicios, se avalan pruebas que violentan los derechos humanos, “si esto no cambia, la Fiscalía continuará cometiendo tortura y violentando la Ley como se ha hecho de antaño”.

Consultado vía telefónica sobre la posibilidad de que los integrantes del Cecop, entre ellos el dirigente Marco Antonio Suástegui, puedan acceder al proyecto de amnistía para presos políticos que planteó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, explicó que generalmente una Ley de Amnistía va dirigida a aquellas personas sentenciadas por rebelión, sabotaje, ataques a la vías de comunicación que tiene que ver con ataques a las instituciones.

Sin embargo, añadió que en el acompañamiento a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, han documentado muchos casos de luchadores sociales en penales, algunos ya sentenciados, y ninguno está acusado de delitos políticos, todos por asuntos del fuero común: homicidio, secuestro, robo calificado o daños.

Opinó que el equipo de transición tendrá que hacer un análisis muy cuidadoso sobre el problema de la criminalización de la protesta social en México, señalado en informes de relatores de la Libertad de Expresión, de los Pueblos Indígenas, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,“hay muchos elementos que tiene el próximo gobierno federal para sacar una ley de amnistía amplia a la que puedan acogerse todos los luchadores sociales”. Advirtió que también se requerirá de mucha voluntad política.

Sobre Marco Antonio Suástegui, indicó que está suficientemente acreditado que es un activista social, que ha dedicado dos décadas de su vida a la lucha por la defensa del territorio en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y en los últimos años por la seguridad, por medio de la Policía Comunitaria integrada a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)

Consideró evidente que el líder del Cecop está siendo procesado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, “para deshacerse de una voz incómoda para la autoridad en Guerrero”.

Ratificó que no hay elementos que sostengan las acusaciones en su contra. Explicó que la presunción de delitos contra Suástegui se sostienen en tres elementos, el primero consiste en una serie de declaraciones de testigos “genéricas, contradictorias e inverosímiles”, que no detallan la actividad concreta que habría hecho Marco, en los eventos del 7 de enero de 2018.

Estas declaraciones indican que un grupo de 35 personas que llegaron armadas a La Concepción y dispararon contra las personas en una fiesta, donde seis fueron asesinados.

Pero a Suástegui no se le decomisó arma, ni se le practicó la prueba de rodizonato de sodio, para establecer el posible uso de arma de fuego.

Otro elemento, es el dictamen de armas de fuego del 9 de enero, donde se indica que las armas encontradas en la comandancia de la Policía Comunitaria son aptas para disparar, y de acuerdo con la juez, este documento, da convicción a las declaraciones de los testigos de cargo.

Rosales Sierra aclaró que ese dictamen debe ser excluido porque según el informe de la Policía Ministerial, en la detención de 14 personas en la comandancia de la CRAC, las habrían encontrado con las armas puestas en el suelo, y en ese momento se les aplicó un interrogatorio. Ahí mismo, habría un cartón, y a pregunta de los ministeriales, los comunitarios respondieron que contenía droga, y con este elemento, continuó la detención en flagrancia.

Añadió que de acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio, la detención de los acusados fue ilegal porque no hubo una lectura previa de sus derechos, y la Policía Ministerial no puede hacer entrevistas sin la asistencia de un abogado defensor.

Además, indicó que los comunitarios fueron detenidos alrededor de las 10 de la mañana, por la presumible posesión de la droga, como a las 11 fueron llevados a una casa, en donde los retuvieron de manera ilegal hasta las 2 de tarde.

De ahí, los trasladaron al puerto de Acapulco, a las instalaciones de la PIM, y los pusieron a disposición del Ministerio Público a las 7 de la noche, a pesar de que comparten áreas de trabajo, por lo tanto, existió una demora injustificada de nueve horas entre su detención y su puesta a disposición.

Añadió que la Policía justificó con que se realizó la certificación de las lesiones. Aunque la defensa aportó como prueba para acreditar la tortura y malos tratos, el protocolo de Estambul elaborado por tres médicos del Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF), la juez de control desestimó la prueba aportada por la defensa.

Dijo que el último elemento de prueba de la FGE es el dictamen de rodizonato de sodio que resultó positivo a 19 de las 25 personas que aplicaron la prueba, algunos de ellos ya fueron puestos en libertad el 22 de agosto en audiencia inicial.

Informó que la defensa aportó un dictamen de la perito colombiana Gladis Guerrero Salinas, donde establece que el análisis de rodizonato de sodio es una prueba indiciaria que no es de certeza, y ya no es usada para incriminar a las personas, porque arroja muchos falsos positivos, es manipulable y volátil, que también fue desacatada.

Destacó que la juez de control manera literal dijo que “hasta ahora, no se sabe quién mató a quién”, y esa expresión tendría que ser suficiente para otorgar la libertad de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal.

Texto: Lourdes Chávez

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