Javier González Díaz: víctima de graves violaciones a los derechos humanos en la actual administración

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 5%
Chiapas, México. 17 de julio de 2021

A los medios de comunicación
A las organizaciones populares e independientes
Al pueblo en general

Javier González Díaz hace exactamente dos años fue detenido desaparecido por más de 25 horas, torturado y encarcelado injustamente, crímenes cometidos por el gobierno chiapaneco con la anuencia del ejecutivo federal, con el objetivo de intentar acallar nuestra lucha por justicia y la defensa de los derechos del pueblo. Hoy Javier en su condición de preso político es la prueba fehaciente de que en la actual administración gubernamental la violencia institucional contra las organizaciones populares es un hecho real e inocultable.

Durante dos ocasiones el gobierno federal en el discurso sentenció “que bajó su administración no habrá presos políticos, masacres, ni actos de tortura.” Palabras que se han quedado navegando en el mundo de lo ideal, porque en los hechos brotan en diversas partes del país víctimas de tortura, asesinato, ejecución extrajudicial y detención arbitraria, el caso de Javier es una muestra.

Lo que la federación trata de ocultar con su retórica es la campaña de criminalización y judicialización de la protesta popular, donde al luchador social, el que defiende el derecho a la educación, tierra, salud… es considerado por las instituciones como “delincuente” o “vándalo”, política represiva que consiste en el uso faccioso de la ley para encarcelar a quien ejerce su legítimo derecho a la organización y protesta, y de este modo intentar silenciar su lucha.

Un ejemplo de dicha política es la detención arbitraria y encarcelamiento de estudiantes normalistas a finales del mes mayo del presente año en la capital chiapaneca, los jóvenes fueron reprimidos por la policía mientras se manifestaban por la defensa del derecho a la educación pública y gratuita, fueron encarcelados con delitos que claramente criminalizan la protesta, hoy se encuentran con la medida cautelar de libertad condicional, que es en los hechos otra medida jurídica para tratar de inhibir la lucha por la defensa de los derechos del pueblo.

En el caso de nuestro compañero Javier, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas actuó con la misma lógica, elaboró una carpeta de investigación con delitos prefabricados para incriminarlo y justificar su encarcelamiento. Hasta la fecha el proceder de esta institución “encargada de impartir justicia” ha sido de dilación, de maniobras jurídicas para intentar anular la defensa jurídica, de tal modo que ya van más de dos años en prisión sin que la parte acusadora sustente su acusación.

Javier en su detención fue desaparecido durante más de 25 horas, tiempo en el que fue sometido a tortura, las lesiones aún son visibles en su humanidad y las secuelas de los golpes aún le causan malestares físicos, los tratos crueles e inhumanos a la que fue sometido nuestro compañero fue en función de castigarlo por su activismo político y con la intención de obtener información sobre la organización para que el Estado planee más actos represivos. La Fiscalía no tomó en cuenta la demanda por tortura, hasta la fecha este crimen contra Javier sigue impune.

Bajo esta política represiva otros compañeros fueron encarcelados injustamente, entre ellos Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, en Chiapas, Leobardo Reyes Meza, en Michoacán e Higinio Bustos Navarro en Veracruz.

Es imposible concebir la existencia de una “transformación” cuando se encarcela a los luchadores sociales que desde hace décadas luchan por la tierra, por la educación, por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y por el socialismo; es inconcebible creer en la retórica de “un gobierno del pueblo” cuando ni siquiera existe voluntad para dialogar, escuchar, atender y resolver las demandas y necesidades de las organizaciones populares.

Uno de los que orquestó la tortura contra Javier renunció a su cargo para buscar una curul en la Cámara de Diputados, hablamos de Jorge Luis Llaven Abarca, ex Fiscal General del Estado, quien además tiene diversas denuncias por tratos crueles inhumanos, sin embargo, al ser un político de oficio que sirve bien a la política represiva, es premiado con impunidad y con un nuevo cargo en las estructuras del Estado.

No es el único caso de criminales de cuello blanco que se pasean en los pasillos de las instituciones con total impunidad, o que ocupan nuevos cargos para que desde esas posiciones continúen con su labor represiva. Al criminal de Estado se le protege y a los luchadores sociales se les encarcela, esa es la realidad en el país.

Este escenario de injusticia e impunidad, son las razones por las cuales debemos mantener la denuncia, la movilización, la protesta, avanzar hacia la construcción de la coordinación entre organizaciones populares para enfrentar la represión, luchar por la libertad de los presos políticos y contra la impunidad.

A dos años de permanecer recluido injustamente nuestro compañero Javier, el Estado no ha logrado doblegar la dignidad de Javier, ni silenciado su voz de protesta, por el contrario, sigue firme en la lucha por mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador, y desde la cárcel resiste los embates de la violencia institucional, actitud que demuestra la calidad política y moral del compañero, y es aliento para no dejar ni un segundo de luchar por su libertad.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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