Galindo Gochicoa, Héctor

Cuatro años, un mes y 26 días después de su privación de libertad, la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia finalmente protegió a Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo Gochicoa y Óscar Hernández Pacheco; es decir, los 12 demandantes relataron los hechos del 8 de febrero, 6 de abril, 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, y ordenaron su liberación inmediata. No se trata aquí de una justicia completa, ya que implica cuatro años de prisión, incluso en una prisión de alta seguridad, como es el caso de las tres primeras, con procedimientos irregulares y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, esta resolución es digna de beneplácito, a pesar de que es, como ha dicho el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, "un mal ejemplo de la administración de justicia en el país".
El caso de Atenco es paradigmático por varias razones, entre ellas el hecho de que es un caso en el que la protesta social fue criminalizada, aunque Enrique Peña Nieto diga lo contrario, y la justicia fue utilizada de manera fraccionada, con el fin de castigar a los miembros de un movimiento social que reclamaba sus derechos.