Este miércoles se cumple un año de la desaparición.

Oaxaca | pagina3.mx | Pedro MATÍAS |

Marzo 13.- El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Manuel de Jesús López López, descartó el secuestro y la desaparición forzada en el caso del profesor Carlos René Román Salazar, “puesto que esto jurídicamente implica la intervención del Estado, y no hay ningún indicio que acredite tal circunstancia”.

A un año de la desaparición del maestro de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ocurrida el 14 de marzo de 2011, el Procurador puntualizó que “son varias las líneas de investigación abiertas; sin embargo, hasta el momento no se puede hablar de un secuestro o desaparición forzada”.

Aclaró que “al margen de ideologías o movilizaciones, la Procuraduría cumple su función al continuar las indagatorias sobre el caso y no se escatiman esfuerzos ni recursos, “porque es deber de la instancia ofrecer resultados”.

Añadió que la Procuraduría mantiene contacto permanente con la Comisión-Política Negociadora de la Sección XXII y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como con la familia del agraviado a través de reuniones informativas periódicas.

El servidor público señaló que en las diligencias practicadas se ha contado con la colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR), cuya instancia incluso elevó a Averiguación Previa el acta circunstanciada que en su momento abrió, lo que deja de manifiesto el interés en el caso por parte de las autoridades involucradas.
“Hay avances y diligencias pendientes de realizar que podrían permitir mayores avances en la investigación, para ello se mantiene estrecha coordinación con la PGR; sin embargo, no pueden revelarse detalles por la secrecía que exige la investigación, pero el objetivo se mantiene”, subrayó el Procurador.

Reiteró de esta manera a la población, que sin distingos de cualquier naturaleza y al margen de movilizaciones ó ideologías, queda su abierta disposición para cumplir con el compromiso de procuración de justicia pronta y expedita a favor del pueblo de Oaxaca.

Acciones magisteriales

Por su parte, el magisterio de Oaxaca instaló un foro de denuncia en el Zócalo capitalino para exigir justica y castigo a los culpables de los asesinatos y desapariciones.

Con la participación representativa de las regiones de Valles Centrales y de la Sierra, se denunció “la situación que actualmente se vive en el estado de Oaxaca es de inseguridad, zozobra e impunidad por la falta de castigo hacia los autores intelectuales y materiales de la represión brutalmente ejercida contra el magisterio y el pueblo oaxaqueño en el 2006”.

Aunado a ello, “la violencia en las regiones del Estado han dejado huella: ejecuciones, secuestros, levantones, torturas, amenazas a compañeros maestros, desapariciones forzadas como es el caso del profesor Carlos René Román Salazar adscrito al CEDES 22, del maestro Guadalupe Pérez Sánchez, de la Región de la Cañada, y de los que han quedado pendientes como los de Víctor Pineda Henestrosa y Modesto Patolzin Moicén”.

Insistieron en que “el Estado —como estructura de control— implementa sistemáticamente la violación a los derechos humanos, violaciones a la libertad de expresión, asesinatos, encarcelamientos, violencia contra las mujeres y violación a los derechos de los pueblos indígenas”.

Y citaron como ejemplo la represión contra el magisterio oaxaqueño el pasado 15 de febrero de 2011, la represión contra los trabajadores e integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) el 20 de febrero del 2012, el encarcelamiento de la profesora y luchadora social Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, por oponerse a los altos costos a las tarifas de la Energía Eléctrica que la CFE impone a la ciudadanía y por manifestarse en contra de los proyectos eólicos del Istmo.

Así como a la brutal represión a los habitantes de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, por oponerse al proyecto transnacional de explotación minera y la represión a los habitantes del libramiento sur de la ciudad de Oaxaca.