La pugna por un televisor derivó en un conflicto político en el municipio selvático de Altamirano, que involucra a autoridades ejidales y a una organización social.

La disputa inició después de que el radiotécnico Manuel Gómez Santiz, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), recibió el aparato para su reparación hace 3 años de manos de Guadalupe Morales.

"Pasó mucho tiempo y no lo recogió, lo empeñé para pagar los 900 pesos que gasté en la compra de las piezas que le cambié, pues ella sólo me había dejado 50 pesos", aseguró.

Acompañado por dirigentes del FNLS, Gómez Santis denunció que Guadalupe rechaza pagar el empeño, en cambio le exige 2 mil 500 pesos, o un televisor nuevo en compensación.

Las acusaciones mutuas propiciaron que las autoridades ejidales amenacen a Manuel, a riesgo del despojo de sus derechos agrarios, de prisión y destrucción de su vivienda si no se entrega de manera voluntaria. Esto luego de que la mujer se quejó con la representación comunitaria.

"No tengo delito, soy inocente, no soy bandido, pero me están amenazando con sacarme de mi casa", denunció el indígena.

Los dirigentes del FNLS atribuyeron las amenazas contra el radiotécnico por su activísimo político desplegado en la zona en su oposición al cobro de tarifas altas de energía eléctrica, de la privatización del agua, así como por su defensa de la tierra ejidal, comunal y al trabajo digno.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo advirtió que "las autoridades ejidales de Altamirano ordenaron el arresto de Gómez Santiz y de Gabriel Hernández García, también de la organización, dando plazo hasta el 23 de marzo, y que si no lo logran desalojarán a las familias de los compañeros y destruirán sus casas".

Aseguró que las amenazas e intimidaciones surgen de los intereses políticos del agente auxiliar, Feliciano Santiz Gómez, quien es dirigente de la organización Yachil Atel (Nuevo Trabajo), que en otras ocasiones actuó ya en contra del FLNS.

"El pretexto usado por estas autoridades ejidales es un supuesto problema social que derivó de un asunto de trabajo de Gómez Santiz con Guadalupe Morales, y que las autoridades sobredimensionan azuzando a los ejidatarios en favor de sus intereses políticos", afirmó.