ISAÍN MANDUJANO
19 DE AGOSTO DE 2013
ESTADOS

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Unos 2 mil simpatizantes de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) se manifestaron hoy para exigir la libertad de los profesores Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero, detenidos el jueves pasado por los presuntos delitos de extorsión y motín.

Libertad Rincón, portavoz de la ONPP, dijo hoy que luego de la captura de ambos activistas decidieron marchar y realizar un plantón en la plaza central de Tuxtla, con el fin de exigir al gobierno de Manuel Velasco la libertad de sus dirigentes.

Los miembros de la ONPP protestaron a lo largo de varios kilómetros hasta llegar a la plaza central y plantarse frente a las puertas de Palacio de Gobierno, lugar del que, advirtieron, no se moverán hasta entrevistarse con el gobernador o el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar.

La vocera de la ONPP leyó un comunicado en el que dijo que la detención de sus compañeros es un acto de represión porque éstos han encabezado causas que las autoridades no han podido resolver.

“Su encarcelamiento se debe únicamente a que ambos enarbolan demandas que el gobierno no ha resuelto, y éstas se basan principalmente en insumos para la producción de alimentos, justicia, transporte y alto a los feminicidios”, recordó.

Rincón Gómez explicó que la detención de los dos maestros, con varias décadas de lucha social en las organizaciones campesinas y en el sindicato magisterial, los obligó a salir de sus comunidades para venir a la capital del estado y exigir que ambos sean liberados.

Según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el jueves 15 se concretó una orden de aprehensión girada por el juez Tercero Penal de delitos graves en contra de ambos maestros, quienes presuntamente “realizaron una serie de bloqueos carreteros en varios puntos del estado”.

La PGJE aseguró hoy que “la denuncia fue presentada por diversos ciudadanos, quienes se vieron vulnerados por el bloqueo carretero que un grupo de 80 personas realizó en forma violenta el 8 de agosto en la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, en Tapachula, Frontera Comalapa y Comitán, razón por la que la Fiscalía de Distrito Centro inició la averiguación previa 369/CEC9-T2/2013”.

De manera violenta, abundó la Procuraduría, “se impidió el paso a los usuarios, así como al transporte de carga, cuerpos de socorro, personas enfermas que requerían atención médica en la capital del estado y turistas nacionales y extranjeros. Incluso se realizaron actos de extorsión contra la ciudadanía, como el pago de una cuota para el libre tránsito”.

Este lunes, diarios locales publicaron una advertencia de Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno, en el sentido de que no se tolerarán acciones de protestas que afecten a terceros.

“Cualquier ciudadano puede manifestarse pacífica y libremente, es un derecho que forma parte de sus garantías individuales, lo que no es correcto ni legal es bloquear las vías de comunicación como medida de presión, pensando que de esta manera obtendrán respuesta a sus demandas”, se destaca en un despacho de prensa.