¿Para quiénes son las cárceles de máxima seguridad?

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

El baldón y la ira los reservo
para los que nos matan, nos expulsan
nos cubren de amenazas, nos humillan.
Nos cortan la familia en pedacitos,
nos quitan el país verde y herido.
Nos quieren condenar al desamor.

Mario Benedetti.

En Memoria del luchador social Luis Olivares y su esposa Ana Gatica de la OPPCG, quienes habían solicitado medidas cautelares al gobierno del estado
y que fueron asesinados por fuerzas oscuras, que ocho días antes, impunemente los amenazaron con matarlos.

Mientras el miércoles 6 de noviembre, el presidente de la Republica Enrique Peña Nieto anunciaba pomposamente el Plan Nuevo Guerrero con 30 mil millones pesos para relanzar los megaproyectos archivados en el portafolio del fallido Plan Puebla Panamá, el promotor de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso municipio de Ayutla de los Li-bres, Gonzalo Molina González, era trasladado al penal de alta seguridad número 3 de Oaxaca, acusado de terrorismo.

La efusividad de la clase política por la danza de los millones, que de nueva cuenta llegan a Guerrero vía la tragedia de los pobres, contrastaba con las protestas de la Policía Comunitaria de Tixtla, los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y vecinos del barrio de El Fortín que exigían la libertad de Gonzalo Molina.

En el país y en el estado enfrentamos una polarización social por la disputa de los proyectos de nación y por la forma de implantar un nuevo modo de hacer política y de supeditarla a los intereses macroeconómicos. Fue muy sintomático que en este anuncio del nuevo guerrero empresarial estuviera encabezando el gabinete el secretario de Hacienda Luis Videgaray y no el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Esto nos demuestra que en Guerrero los intereses económicos son más importantes que las cuestiones políticas y sociales. Los conflictos sociales los está enfrentando la elite gobernante con mayor presencia militar en las regiones indígenas, a través de los programas asistenciales, como los comedores comunitarios y con la acción represiva del mismo Ejército y la Marina, que se han dedicado a desarmar y detener a las policías comunitarias.

La michoacanización de Guerrero es una realidad que trágicamente enfrentan los pobladores de la Costa Grande, Zona Norte, Tierra Caliente, Acapulco y la Sierra enmarcada todavía en la región Centro.

El gobierno de facto que el crimen organizado ha implantado en varios municipios; la ley de fuego que han impuesto para cobrar vidas y cuotas; el reclutamiento de jóvenes para adherirse a las filas del sicariato; el control territorial fundado en el terror y el sometimiento de las autoridades municipales, así como el florecimiento de la economía criminal, como modus vivendi de los poderes fácticos, forman parte de la descomposición social y política que padecemos, y en la que nos han sumergido los grupos caciquiles que desde hace décadas detentan el poder y el control de las instituciones del Estado.

En México no solo continúa el escalamiento de la violencia, sino que el fantasma del autoritarismo amenaza con reinstalarse en Los Pinos, a través de los métodos represivos utilizados por el viejo PRI. Estamos ante un realineamiento de los poderes que se muestran de cuerpo entero en el Pacto por México, donde los partidos políticos han sucumbido ante el poder presidencial y se han subido al tren de las reformas estructurales, sin que les importe el malestar y la indignación de vastos sectores de la población.

En Guerrero se siguen utilizando las leyes y las mismas instituciones de justicia y seguridad para colocar fuera de la legalidad a los movimientos sociales y a sus representantes que ejercen su derecho a organizarse de manera independiente, y de aplicar su propio sistema de justicia y seguridad basados en leyes estatales, nacionales e internacionales.

La experiencia exitosa de la Policía Comunitaria, que ha lo-grado consolidarse como un sistema de justicia, seguridad y reeducación, construido desde las asambleas comunitarias y regionales y que tienen como base sus sistemas normativos, enfrenta el embate de los poderes establecidos para desacreditarla y desmantelarla.

A pesar de que a lo largo de 18 años la Policía Comunitaria representada por la Coordinadora Regional de Au-toridades Comunitarias (CRAC) ha demostrado ser un proyecto de vanguardia que sienta las bases para hacer realidad el pluralismo jurídico que tanto necesita nuestro sistema de justicia, las fuerzas políticas del estado se han alineado a la visión colonialista y etnocéntrica, han denigrado la esencia del sistema de justicia indígena y se han obstinado en desaparecerla.

Las autoridades civiles se pliegan a lo que piensan y deciden las autoridades militares. A nivel estatal el mismo secretario de Seguridad Pública, que es un al-mirante de la Marina, ha expresado públicamente que el Congreso del estado en breve derogará la Ley 701 y presentará una nueva ley que le dará a la Policía Comunitaria un estatus ínfimo como policía, supeditada a lo que sería la policía rural.

Ante la proliferación de las policías comunitarias y ciudadanas que han logrado responder eficazmente, desde la sociedad civil organizada, a los problemas de inseguridad y violencia que padece la población pobre, y al mismo tiempo, desmantelar a los grupos de la delincuencia organizada coludidos con los grupos de poder local y los cuerpos de seguridad del estado, las autoridades militares junto con las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia se han empeñado en desarmarlas y en encarcelar a sus coordinadores y líderes más visibles.

Los casos de Nestora Salgado y de Gonzalo Molina son ejemplos fehacientes de la estrategia que el gobierno federal ha armado con el Ejército, la Marina, las procuradurías de Justicia y los policías ministeriales para desactivar el movimiento de las policías comunitarias, focalizando su fuerza en impedir que se desplacen fuera de sus comunidades; en desarmarlos, detenerlos y fabricarles delitos que les impidan salir de la cárcel.

Nestora Salgado ha sido acusada por varios delitos de secuestro y Gonzalo Molina de terrorismo. Esto mismo sucedió en mayo con los maestros de la CETEG, que ante las protestas contra la reforma educativa fueron detenidos cuatro de ellos y enviados a los penales de alta seguridad de Veracruz y de Nayarit. Las autoridades del estado los acusaron de terrorismo.

La realidad es que quienes luchan por defender los derechos de los sectores empobrecidos, las autoridades del estado han acudido a la ley penal para judicializar los conflictos y colocar fuera de la legalidad a quienes considera como actores no gratos porque supuestamente son una amenaza a la paz pública y porque atentan contra el Estado de derecho.

Estas acciones represivas nos remiten a los años más cruentos del autoritarismo comandados por presidentes represores, que no consintieron nunca la disidencia política ni permitieron la libre manifestación de las ideas, ni la organización independiente.

A finales de la década de los 1950 el gobierno de Adolfo López Mateos emprendió una lucha encarnizada contra los movimientos sociales independientes. No se toleraba que los trabajadores lucharan en defensa de sus derechos y se criminalizaba su movimiento por ser crítico a las formas corporativas impuestas por el sistema político.

Por esos años la figura delictiva que utilizaban era la de disolución social. Por atreverse a increpar al sistema monolítico y asumir el compromiso de organizarse al margen del sindicalismo oficial Demetrio Vallejo, líder ferrocarrilero y Othón Salazar, líder magisterial, fueron acusados de atentar contra el sistema y los encarcelaron en el palacio de Lecumberri que en aquellos años era el penal de máxima seguridad. Fue el penal creado ex profeso para los disidentes políticos. Un lugar hecho para doblegar a los líderes a base de torturas y tratos crueles y degradantes.

En Guerrero, las autoridades del estado se han empeñado en causar los daños más cruentos a la compañera Nestora Salgado, mandándola a Tepic Nayarit, a un penal de máxima seguridad, para ocasionarle el máximo sufrimiento, la máxima humillación y la máxima lección para no atreverse más a cuestionar el sistema de justicia estatal y de desafiarlo, al conformar un grupo de la Policía Comunitaria dispuesto a defender a su pueblo contra la delincuencia institucionalizada.

Esto mismo están haciendo contra el promotor de la policía comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina, de mandarlo fuera del estado para dejarlo sin posibilidad de que tenga una defensa adecuada y mantenerlo en el limbo jurídico, donde nadie lo pueda defender dentro de los plazos constitucionales y para demostrarle que no vale como persona ni como policía comunitario.

Esta decisión política de castigar a líderes de la Policía Comunitaria en cárceles de máxima seguridad es una postura de dureza e intransigencia de las autoridades militares y civiles. De no permitir la consolidación de este sistema de justicia en el estado y de desmantelar sus casas de justicia con la argucia de que están actuando fuera de la ley y que son una amenaza para la seguridad del Estado.

Son los policías comunitarios, como Gonzalo y Nestora los que resultan ser un peligro para el Estado. Es inconcebible pensar que las mismas autoridades dejen expandir la fuerza y el poder de los grupos de la delincuencia organizada que siguen devastando la vida de centenares de familias que viven en total indefensión, y sin embargo para las autoridades, la delincuencia organizada resulta ser funcional para un sistema político que está corroído por la corrupción e infestado de delincuentes que han hecho de la política el negocio más próspero de su vida.