Gloria Leticia Díaz
25 de noviembre de 2013

Las activistas María Magdalena López Paulino, Yosahdara Vega Andrade y Erika Zamora Pardo.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- La Red Solidaria Década Contra la Impunidad (Rsdciac) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso de Arturo Hernández Cardona, secuestrado y asesinado hace medio año junto con dos miembros de la Unidad Popular (UP) que tiene su sede en Iguala, Guerrero.

El incidente ocurrió el pasado 30 de mayo, luego de que Hernández Cardona y ocho miembros de su agrupación tomaron la caseta de cobro en la autopista Iguala-Acapulco.

Magdalena López Paulino y Ericka Zamora Pardo, integrantes de la Rsdciac, dieron a conocer el testimonio de Nicolás Mendoza Villa, sobreviviente de los hechos en los que fueran asesinados Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

El testimonio fue presentado ante el notario público 47 del Distrito Federal, Alfredo Miguel Morán Moguel, el 25 de julio y entregado a la ONG por Sofía Mendoza, viuda de Hernández Cardona.

Según el testimonio, del que Rsdciac entregó copias, el autor del crimen de Hernández Cardona es el alcalde José Luis Abarca Velázquez, del PRD, quien habría disparado “un escopetazo en la cara y otro en el pecho” al líder de la UP la noche del viernes 31 de mayo, en un paraje en donde también fueron torturados los ocho activistas.

Además del testigo, los otros sobrevivientes de la masacre son Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Jimy Castrejón.

Magdalena López Paulino aclaró que el testimonio de Mendoza Villa fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante quien la ONG y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) tramitan desde junio medidas cautelares a favor de la viuda de Hernández Cardona y su familia.

Ericka Zamora Pardo, quien estuvo en prisión acusada de formar parte del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), luego de la matanza de 11 indígenas en El Charco, Ayutla, atribuida al Ejército, destacó que las muertes de los militantes de la UP forman parte de un “contexto de represión contra luchadores sociales que durante el gobierno de Ángel Aguirre ya suman 13 asesinatos, todos ellos con las mismas característica de violencia extrema que aparenta ser provocada por el crimen organizado”.

Por ello la ONG pidió la intervención de la PGR, sobre todo, porque además del presidente municipal de Iguala, el testigo señala como responsable de los hechos al secretario de Seguridad Pública y al director de la policía municipal, de los cuales no proporcionó nombres, pero que, de acuerdo con el organigrama local, fueron identificados como Felipe Flores Velázquez y Crisóforo Tinoco, respectivamente.

Zamora Pardo denunció que hasta al momento no hay avances en las investigaciones sobre el tripe asesinato y, en contraste, se abrió una averiguación previa contra los familiares de Hernández Cardona y demás integrantes de la UP.

López Paulino agregó que la averiguación fue utilizada por el Estado mexicano en sus alegatos ante la CIDH para negar la protección de la familia de Hernández Cardona.

“El Estado mexicano pidió a la CIDH que no otorgara las medidas cautelares porque contra los peticionarios había una averiguación previa abierta por daños y robo al ayuntamiento de Iguala, lo cual nos parece muy grave porque se está criminalizando a las víctimas”, apuntó la secretaria ejecutiva de la Rsdciac.

De acuerdo con el testimonio de Mendoza Villa, cerca de la 16:30 horas del jueves 30 de mayo los ocho activistas fueron interceptados “entre el tramo de la caseta de cobro de Iguala y el crucero de Tuxpan por dos camionetas, una Cherokee gris y una Explorer roja”.

Del primer vehículo salieron seis personas armadas, en tanto que en el otro viajaban un hombre y una mujer que permanecieron a bordo de la Explorer.

Los hombres armados habrían obligado a los ocho activistas a descender del vehículo de Hernández Cardona en el que viajaban, en tanto que al líder le dispararon en la pierna derecha.

“Nos trasladaron agachados a un lugar desconocido, aunque sé que era campo porque no íbamos vendados; a este lugar llegó una persona a interrogarnos, misma que escribía todo en hojas blancas.

“Nos preguntó nuestros nombres y direcciones, y los de nuestra familia. Al menos cuatro hombres armados con cuernos de chivo nos estuvieron cuidando esa noche”.

Incluso, abundó Nicolás Mendoza Villa, “uno de ellos nos golpeaba con un machete largo, un látigo de alambre y una tabla en forma de paleta; ahí nos tuvieron toda la noche”.

El testimonio señala que el edil José Luis Abarca Velázquez llegó al lugar la noche del día siguiente y ordenó y presenció la tortura contra los ocho militantes de la UP.

Más tarde se dirigió Hernández Cardona y le cuestionó: “¿Qué tanto estás chingando con el abono? Me voy dar el gusto de matarte”. Después de ello habría abierto fuego contra el dirigente social.

De los otros dos miembros de la UP asesinados, Mendoza Villa asegura que uno de ellos, Bandera Román, fue acribillado cuando intentaba escapar.

Luego los masacrados fueron abandonados en un paraje cerca de Mezcala, rumbo a Chilpancingo, mientras los sobrevivientes huyeron rumbo al monte.