El 28 de noviembre de 2012, la señora Juventina Villa Mojica, fue ejecutada. En días anteriores y debido a otros incidentes y a las constantes amenazas y hostigamientos, la señora Juventina buscó que el ex secretario general de Gobierno del estado Humberto Salgado Gómez, cumpliera con los compromisos hechos días antes para llevar a cabo un desplazamiento forzado con resguardo militar y del gobierno del estado. Juventina sufrió al sobrevivir a la muerte de su esposo Rubén Santana Alonso, de sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo a quien ejecutaron en su presencia momentos antes de matarla a ella.

Hasta hoy, 28 de noviembre de 2013, decimos que hay IMPUNIDAD porque las autoridades encargadas de procurar justicia no pueden decirles a los deudos de Juventina que ya tienen detenidos a quienes hayan sido los autores materiales e intelectuales de su ejecución extrajudicial. Mientras ella estuvo viva declaró ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, acudió al Ministerio Público de Coyuca de Catalán del Distrito Judicial de Mina para denunciar a los asesinos de su esposo Rubén que el Ejército había detenido en el puente de Coyuca de Catalán por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas pero el titular del Ministerio Publico no aceptó levantar la denuncia haciéndose cómplice de los homicidas.

El procurador ha dicho que hay órdenes de aprehensión que no se han cumplido… a pesar de que hay testimonios de la familia de Juventina que hacen señalamientos directos de los responsables. Si las autoridades encargadas de prevenir el delito, de procurar e impartir justicia aun teniendo elementos y recursos para hacerlo, no lo han hecho, si han mirado para otro lado, lo menos que podemos decir es que también hay NEGLIGENCIA. En este caso no ha habido una impartición pronta y expedita de justicia; no hay reparación del daño.

¿Es que valen menos las vidas de Juventina y sus familiares? ¿O no son iguales ante la ley, violándose así los derechos de igualdad y acceso a la justicia?

La comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, ha tenido que sobreponerse a la desaparición forzada de 3 jóvenes en 2005, a los homicidios de 27 personas sucedidos entre el 2004 y 2012 y al desplazamiento forzoso interno durante 1 año 7 meses perdiendo todo su patrimonio. De esas muertes a manos de un grupo paramilitar de la mitad las autoridades ni siquiera han abierto una investigación ministerial.

El desplazamiento interno en el estado de Guerrero de los habitantes de la comunidad de La Laguna que ahora se encuentran refugiados en 3 lugares, donde viven en condiciones de marginación, afecta su bienestar bio-psico-social, generando un impacto cultural que involucra costumbres y tradiciones que solo viven en su memoria; no tienen fuentes de trabajo, ni tierras que cultivar, el estado aun no les da garantías de seguridad sobre la tierra en que viven. Y que además fueron afectados por los fenómenos meteorológicos de septiembre y octubre; es decir son desplazados y damnificados. Ninguno de los tres grupos ha recibido ayuda por los diferentes programas estatales y nacionales para apoyarlos por ser damnificados.
A un año de la ejecución extrajudicial de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa seguimos exigiendo:

• Castigo a los responsables de las ejecuciones de Juventina Villa Mojica y Reynaldo Santana Villa.
• Reparación integral del daño: restitución; rehabilitación; indemnización por los daños; garantías de no-repetición y medidas de satisfacción para todas las familias de los desplazados forzosos internos, que han sido víctimas del delito, del abuso del poder y de la omisión de las autoridades.

A todo esto tienen derecho simplemente por ser guerrerenses, mexicanos y seres humanos.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”
Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, FODEG.

Acapulco, Gro., 27 de noviembre 2013