Rafael García Guadalupe, es un indígena Na Savi de la comunidad de Tepuente, municipio de Ayutla de los Libres. Rafael estudió solamente hasta el tercer año de primaria, ya que cuando era niño la oferta educativa en su pueblo sólo llegaba hasta ese grado escolar.

Rafael, quien habla poco español, es el tercero de cuatro hermanos y una hermana. Su madre, Aurora, vive en la comunidad en la que vio nacer a sus cinco hijos e hija y a sus nietos y nietas aunque ya es de avanzada edad.

Rafael tiene 8 hijos e hijas, cuatro hombres y cuatro mujeres. La mayoría ya son mayores de edad; sin embargo, dos aún viven en Tepuente con él y con su madre Felipa, donde estudian el cuarto y el segundo grado en la Escuela Primaria Juan Escutia.

Rafael se dedica al campo, como la mayoría de los hombres y mujeres de su comunidad. Siembra maíz, frijol, jitomate, chile y cilantro para consumo familiar y si hay algún remanente lo vende en el mercado de Ayutla para poder cubrir las necesidades de la familia.

Rafael, quien durante sus 49 años nunca había dejado su comunidad, ha sido propuesto por sus conciudadanos para ocupar diversos cargos, en una prueba del reconocimiento que en su pueblo tiene. Hace cinco años fue nombrado Comisario municipal de Tepuente y durante el año 2010 volvió a desempeñar un cargo en la Comisaría, como Secretario del Comisario municipal. Este año, fungía como tesorero del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Juan Escutia, donde estudian su hijo e hija menores. Sin duda, en unos años, Rafael será uno de los principales de su pueblo: un hombre de quien se pide consejo por haber cumplido con rectitud diversos cargos comunitarios. Un sabio cuya palabra se escucha y valora.

Rafael fue elegido como policía comunitario de la CRAC-PC, de la casa de Justicia de El Paraíso en diciembre del año pasado. Pero poco tiempo después, fue detenido cuando participaba en una marcha. Recordemos la secuencia de hechos: Tras la detención de 18 integrantes de la Policía Comunitaria el 21 de agosto de 2013, mediante operativos conjuntos en las comunidades de El Paraíso y Olinalá, el jueves 22 de agosto se desarrollaron diversos actos de protesta por parte de la población que apoya a la Policía Comunitaria en los municipios de Ayutla, Titxtla, Tlapa y Olinalá.

La intervención de organismos de la sociedad civil permitió establecer canales de diálogo entre las autoridades estatales y las comunitarias. Sin embargo, las detenciones continuaron: de nueva cuenta, fuerzas públicas ingresaron en territorio comunitario con un operativo conjunto de gran escala desplegado en la Comunidad Na Savi de Quiahuitepec, municipio de Ayutla de Los Libres. Ante el temor generalizado de la población, dos helicópteros aterrizaron en las inmediaciones de la Comisaría de esta pequeña comunidad de la Montaña. Elementos de la Policía Federal y de la Marina sometieron a la Policía Comunitaria, bajo el argumento de poner en libertad a 7 personas que enfrentaban acusaciones dentro del sistema comunitario. Así, el 23 de agosto fueron detenidos 12 policías comunitarios de dicha comunidad y trasladados en helicóptero hacia las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Acapulco.

En este contexto de detenciones, las comunidades integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso continuaron con demanda por la liberación de sus compañeras y compañeros. Fue así como Rafael fue detenido el 27 de agosto en Cruz Grande, junto a otros 2 compañeros, cuando participaba en una marcha multitudinaria de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia El Paraíso, junto a integrantes de las comunidades adscritas a esta Casa de Justicia. El día de hoy, Rafael se encuentra privado de su libertad en el reclusorio de Acapulco acusado del delito de portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, dentro de la causa penal 54/2013, que instruye el Juzgado Sexto de Distrito de Acapulco, Guerrero. La severa acusación se basa en que acudió a la marcha portando su vieja y destartalada arma de policía comunitaria.

Como ha sabido explicar la sociología penal, ningún Estado persigue y sanciona la totalidad de los delitos que se cometen en su territorio. Siempre hay una selección, explícita o implícita, mediante la cual las autoridades responsables de procurar justicia deciden qué conductas perseguir y qué gravedad asignarles. Ahí donde no hay independencia judicial, estas acusaciones prevalecen sin un control jurisdiccional. En Guerrero, la Procuraduría ha decidido ejercitar acciones penales contra las y los integrantes de la Policía Comunitaria, clasificando sus conductas como graves crímenes, beneficiándose de la pasiva sujeción de la judicatura. ¿Por qué no se ha decidido un combate tan enérgico contra quienes verdaderamente lastiman a la sociedad? ¿Por qué mientras hoy alguien como Rafael está en prisión, actores relevantes de la capital del Estado siguen demandando -como lo hicieron hace unos días- seguridad ante la creciente ola de extorsiones y secuestros? ¿Por qué no se investigan y sancionan con igual severidad esos crímenes? La justicia guerrerense no tiene respuestas a estas preguntas. Pero es un hecho innegable que mientras en Chilpancingo y otras cabeceras los verdaderos secuestradores siguen libres, en Acapulco Rafael y sus compañeros hoy duermen en prisión. También es un hecho irrebatible que mientras los verdaderos extorsionadores campean a sus anchas en el Estado, las cárceles federales se usan perversamente para aislar a tres líderes comunitarios que quisieron desesperadamente organizar a sus pueblos para demandar seguridad.

Mientras las hijas y los hijos de Rafael siguen esperando el pronto retorno de su padre a Tepuente, el pueblo de Guerrero debe ejercer su derecho a plantear en voz alta y clara estas preguntas.