Presumimos que está libre, debido a qué ya no es reivindicado por ningún familiar u organización y los otros dos detenidos del mismo caso fueron liberados.

 Actualizaciones:

20 de abril de 2015 - La silla rota: Con una fianza de 22 mil pesos, se dejó en libertad a una de las tres personas que fueron detenidas en el bloqueo de Ures el pasado fin de semana por la Policía Federal. Se trata de Juan Francisco Maldonado Canizales, quien estaba preso en el penal de máxima seguridad de Nayarit.

 Hechos:

Tres afectados por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, quienes participaron en el bloqueo de la carretera federal 14 Hermosillo-Ures el pasado fin de semana, fueron trasladados este lunes al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 4, con sede en Tepic, Nayarit.

Los detenidos fueron identificados como Juan Francisco Maldonado Canizales, Martín Romero Contreras y Eligio Figueroa Moreno.

De acuerdo con testigos, cerca de las 21:00 del sábado 11, un grupo de policías federales antimotines arribó hasta el bloqueo para reabrir a la fuerza la circulación de esta vialidad.

En el lugar quedaron niños y mujeres heridos, bajo el argumento de que es un delito la obstrucción de una vía federal de comunicación.

Éricka Corral Domínguez, cuñada de Maldonado Canizales, relató que desde las primeras horas del sábado los federales llegaron al lugar para acabar con el bloqueo, pero esperaron hasta la noche para agredir a los inconformes.

“Se los llevaron muy rápido y lo hicieron para infundirnos temor porque los federales y las cosas no debieron llegar a tanto”, lamentó.

La noche del sábado los aprehendidos fueron llevados a las instalaciones de la PGR Sonora y la mañana de este lunes fueron trasladados al penal nayarita de El Rincón. Desde entonces permanecen incomunicados.

A ocho meses del derrame de 40 millones de litros de metales pesados y sulfato de cobre ocurrido en la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, los pobladores de Ures, así como de los otros seis municipios afectados, aún carecen del abastecimiento de agua potable, de eficaces servicios de salud, del pago de indemnizaciones y la reactivación de la economía regional.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina