l Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Penal del Vigésimo Segundo Circuito declaró sobreseído el delito de motín agravado del que se acusó a Pablo González Loyola Pérez y por el que se le mantuvo preso durante 48 días.

Acompañado de varios activistas, González Loyola dio a conocer la decisión del Tribunal en el que se declara infundado el delito del que se le acusó y por el que se ordenó que se le dicte un auto de no vinculación a procedimiento, además que se invalidó la resolución del 17 de julio de 2016 por la que se le apresó.

Como parte de la resolución del Tribunal Colegiado, se consideró que no se acreditó el elemento de un daño o perjuicio a la seguridad interior del estado, por lo que se concedió el amparo de la justicia federal.

Integrantes de organizaciones como José Martí, Desarrollo Comunitario para la Transformación y la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto demandaron “frenar toda persecución política y social” en contra de Pablo González Loyola y reconocieron el trabajo que se hizo en el Poder judicial federal al fallar a su favor.

Pablo González Loyola Pérez, anunció que revisará a detalle la sentencia, con la que dijo, “se certifica la violación a los derechos humanos” y aclaró que todavía no determina si solicitará una reparación de daños a su favor.

“No se reunieron los requisitos para que exista este delito, el de motín. Lo que procede es esperar que el juez nos convoque a que cumplan con esta resolución. Tendríamos que ver cuál es la ejecución de esta sentencia, ni siquiera se entró al ofrecimiento de pruebas, donde teníamos listas las grabaciones que se hicieron, los diálogos, con los agentes policiacos enviados por consigna”, añadió.

Adelantó que se harán públicas todas las pruebas, entre las que se encuentran los diálogos con los policías, para que “Se vea la magnitud de las mentiras de los elementos en este caso”.

Representantes de diversas organizaciones consideraron que hubo actuación ilegal de la autoridad, ya que González Loyola Pérez no fue responsable de algún daño contra la seguridad interior del estado y urgieron a evitar una persecución política.