En junio pasado y en una acción totalmente contradictoria, según han calificado abogados de las activistas Marilú Andrade y Marisela Ortiz, de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, el Estado mexicano, a quien le correspondía garantizar su seguridad e integridad física, solicitó a la CIDH medidas cautelares para éstas.
Cientos de hombres y mujeres del Movimiento Obrero Campesino Regional Independiente-Emiliano Zapata (MOCRI-EZ) exigieron al gobierno de Manuel Velasco el esclarecimiento del crimen de su líder y fundador Andrés Jiménez Pablo, ejecutado a tiros el sábado 12 en una cantina de Ocozocoautla.
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Viento de Libertad
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