Santiago Santiago, Jorge

Liberado el 14 de abril de 1995 por falta de pruebas.

Director de "Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas" A.C., (DESMI) organismo de trabajo social que promueve y asesora proyectos productivos y cooperativas entre campesinos e indígenas chiapanecos. Miembro de la Comisión de Análisis de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI).

Fue detenido el 11 de febrero en su domicilio en Teopisca, Chiapas. La orden de aprehensión en su contra se basa en una supuesta declaración del mismo individuo que inculpa a Javier Elorriaga y que hasta la fecha no ha aparecido: Salvador Morales Garibay, quien lo acusa de ser el enlace entre el Subcomandante Marcos y el obispo Samuel Ruiz; además señala que DESMI tiene como función recolectar dinero de organismos nacionales e internacionales para financiar al EZLN.

Se le acusó de los delitos de rebelión, sedición, motín, terrorismo y conspiración. Al momento de ser detenido, a Jorge Santiago no se le informó el motivo de su detención, de qué se le acusaba ni se le permitió declarar ante el Ministerio Público. Posteriormente, durante su declaración preparatoria, el Ministerio Público lo interrogó tratando de involucrar al obispo Samuel Ruiz, a la diócesis de San Cristóbal y a la CONAI, estas preguntas fueron objetadas por la defensa y rechazadas por el juzgado. El 12 de febrero fue trasladado ilegalmente al penal de alta seguridad, (para sentenciados), de Almoloya de Juárez Estado de México, posteriormente fue trasladado nuevamente a la cárcel de Cerro Hueco en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue liberado por falta de elementos para ser procesado el 14 de abril de 1995. Sin embargo, el 8 de junio fue detenido ilegalmente en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez por agentes de la Policía Judicial Federal, que supuestamente no estaban enterados de que se encontraba libre, después de intimidarlo, someterlo a un amenazante interrogatorio y comunicarse con sus superiores lo dejaron ir.

El PRODH considera que una acusación tan grave, hecha por el Presidente de la República en un mensaje a la Nación, lo compromete seriamente una vez que se ha demostrado que se trataba de una acusación muy frágil y carente de fundamento jurídico. La serie de irregularidades e incluso contradicciones que se presentaron en este caso ponen en cuestión la responsabilidad y la capacidad de las instituciones del Poder Ejecutivo, en este caso, la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República, para obrar con legalidad en un asunto tan delicado como la guerra en Chiapas.