Los siete indígenas zapotecas de San Agustín Loxicha, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueron trasladados del Centro Federal de Readaptación (Ceferso) número 13, ubicado en Mengolí de Morelos, al Cefereso número 6, situado en Huimanguillo, Tabasco.

Erika Sebastián Ramírez, hija de Álvaro Sebastián Ramírez, identificado por el Estado mexicano como el Comandante Teacher, dijo que los familiares recibieron llamadas en sus teléfonos celulares durante la tarde y la noche del viernes pasado del número telefónico 9173282268, para notificar el desplazamiento de los presos.

Explicó que una mujer, quien se identificó como trabajadora social del Cefereso número 6, pero sin dar su nombre, enlistó a los familiares una serie de requisitos documentales para poder ingresar y ver a los presos.

“Se comunicaron con nosotros para decirnos que papeles tenemos que llevar para poder tener un pase provisional (y entrar a la prisión)”, señaló.

Consideró que el traslado de los siete indígenas constituye una represalia del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), debido a las protestas realizadas por los familiares como medida de presión para poder acceder al Cefereso número 3, después de ser transferidos de la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, ubicada en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino.

Destacó que el desplazamiento también representa un castigo para los presos por denunciar el maltrato y las vejaciones sufridas durante su traslado y estancia en el Cefereso número 13.

“Por denunciar que no les daban de comer en forma suficiente, que les permitían únicamente bañarse cada tercer día y que solamente habían recibido una muda de ropa, ahora los castigan y los mandan lejos de sus familias”, lamentó.

Destacó que el Estado mexicano violenta así la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, donde se dispone la reclusión de los presos en penales cercanos a sus domicilios para favorecer el proceso de reinserción.

Ante esto, subrayó que los familiares recurrirán a un amparo para lograr el regreso de los siete presos a la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel porque no presentan problemas de comportamiento y conducta.

“Por el contrario, en los 17 años que llevan presos, nunca han originado algún conflicto ni son adictos al alcohol o alguna droga”, asentó.

Sebastián Ramírez llamó a las organizaciones civiles y sociales estatales y nacional a acompañar la caravana de familiares al Cefereso número 6, programada el próximo lunes, para poder ingresar y ver a sus familiares.

LO QUE SE VIOLA

Articulo 43.- Los sentenciados cuyo nivel de seguridad y custodia corresponda a los niveles I, II y III podrán ser trasladados a un complejo, centro o instalación penitenciaria federal cercano al domicilio familiar, con la finalidad de favorecer el proceso de re inserción, siempre y cuando se cuente con disponibilidad de cupo.