Afuera del tribunal, algunos activistas manifestaron su apoyo a los acusados.

San Nicolás de los Garza.- El conflicto por el predio en Nueva Castilla continúa. Ayer, los cinco detenidos por presuntamente haber invadido el terreno, fueron consignados por el delito de despojo de inmueble ante el Juzgado Segundo de lo Penal de San Nicolás.

Las personas detenidas -dos propietarios de terrenos, la hija del vendedor del predio y dos líderes que apoyaban el movimiento- , fueron trasladadas alrededor de las 13:00 al Palacio de Justicia de San Nicolás, donde rindieron su declaración preparatoria en el juzgado segundo.

La titular del juzgado, María Francisca Marroquín, tiene 72 horas para dictaminar la situación jurídica de los detenidos, a quienes se les acusa del delito de despojo de inmueble, tipificado como grave y sin derecho a fianza.

Sin embargo, la defensa de los acusados pidió ampliar el periodo para allegar pruebas con las que se demuestre que los terrenos presuntamente despojados sí pertenecían a las familias desalojadas.

“Solicitamos ampliar el periodo porque confiamos en que, con estas pruebas, sí podamos comprobar a la juez que sí hay un derecho de propiedad sobre los terrenos”, dijo la abogada de los afectados, Rocío Abigaíl Martínez.

A las afueras del tribunal, un grupo de jóvenes y activistas de derechos humanos se manifestaron de forma silenciosa para mostrar su apoyo a los detenidos -Gabriela Bautista, Alicia Gutiérrez, Juan Balderas, Gerardo Armendáriz y Obed Juárez-. De nueva cuenta, mostraron la pancarta donde se acusa al gobierno estatal de ejercer “delincuencia institucional”.

De acuerdo con la jueza, el denunciante del presunto despojo del predio es el Fideicomiso Nueva Castilla, integrado por el Instituto Estatal de la Vivienda, Infonavit y cinco empresas -entre ellas Javer, Maple Urbanizadora y Prohabimex- para construir un desarrollo inmobiliario de 50 mil viviendas donde habrá también parque urbano y espacios culturales.

La abogada destacó que aún está en pleito la propiedad de la tierra entre el Infonavit y más de un centenar de familias que adquirieron lotes de terreno al capitán del Ejército Leopoldo Bautista Flores, ex alcalde de Chiconamel, Veracruz y quien enfrenta, desde el 2007, una orden de aprehensión girada por el Juzgado Cuarto Penal por la venta fraudulenta de lotes en esa zona.

Hasta el día de ayer por la mañana, en la Agencia del Ministerio Público número 1 de Escobedo no se había definido el delito por el que se mantuvo detenidas a estas personas. Fue en el Juzgado Segundo cuando finalmente, se definió la acusación precisa que se hizo contra ellos.

Las cinco personas fueron detenidas el jueves pasado cuando entraron al predio, protegidos por un amparo girado por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, que los protegía contra un eventual desalojo y la destrucción de sus casas. Pese a esto, Seguridad Pública del Estado y la Policía de Escobedo detuvieron a 32 personas.

El artículo 397 del Código Penal del Estado de Nuevo León indica que se comete despojo de inmueble cuando se ocupa una propiedad ajena. La sanción por ello va de seis meses a cinco años de prisión, y multa de ocho a cuarenta cuotas, pero cuando el despojo es cometido en grupo, alcanza los diez años de cárcel.

Antecedentes
En 2005, el Gobierno del Estado firmó con el Infonavit el convenio para comprar el predio Nueva Castilla, para desarrollar 50 mil viviendas.

Desde 1999, más de 900 familias le habían comprado terrenos a Leopoldo Bautista Flores, ex alcalde de Chiconamel, Veracruz. Las escrituras se las prometieron para cuando terminaran de pagar.

Según las autoridades, la venta fue ilegal y por ello, el juez Cuarto de lo Penal giró orden de aprehensión contra Bautista por el delito de fraude.

Hace tres años, las familias empezaron a ser presionadas para que vendieran sus lotes al Instituto Estatal de la Vivienda.