Los centros de derechos humanos manifestaron preocupación "por la utilización de acciones legales en contra de defensores, con el objeto de hostigarlos judicialmente y desprestigiar su trabajo". Exigieron al gobierno federal cumplir con su obligación "de poner fin a todo tipo de agresión u obstrucción al trabajo de los defensores de derechos humanos en Chiapas", y honrar sus obligaciones contraídas en tratados internacionales.